Organismos empresariales de México consideraron este jueves que hay espacio para mejorar la actual relación con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de Estado de Derecho y la confianza para las inversiones.
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció que el diálogo entre los empresarios y la administración federal no pasa por su mejor momento, "en particular con la persona del presidente de la República".
"Es evidente que algunos dirigentes tienen una mayor afinidad. En el sector privado no tenemos una presencia monolítica ni pensamiento único, pero deberíamos coincidir en que tenemos una gran área de oportunidad para que mejore (la relación)", dijo en el EF Meet Point. México hoy: los retos de los empresarios frente a la crisis.
El dirigente pidió que el Gobierno reconozca que en el diálogo con la IP habrá momentos en los que se concuerde y otros donde haya diferencias.
"(Pero) que los disensos no deben ser en ningún momento (...) motivo para que quienes los expresamos se nos considere adversarios ni que tenemos animadversiones personales", sostuvo.
Por otra parte, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), apuntó que en el caso del grupo que representa hay una gran relación con López Obrador.
"Hay una gran relación con las secretarías, (aunque) hay dos o tres personas que han sido públicas las diferencias porque lo que nosotros peleamos es la confianza (en México)" señaló en el foro.
Cervantes remarcó que en estos momentos, en especial por la pandemia del COVID-19, el país necesita generar una mayor confianza y cordialidad hacia la inversión.
En su intervención, Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), destacó la relación actual con el Gobierno de López Obrador está siendo modificada por tres rubros: Estado de Derecho, políticas públicas y la percepción de la confianza para invertir.
"No hemos tenido un respeto al marco jurídico, lo hemos visto en la serie de amparos que se han ganado en materia energética. Tampoco vemos que haya una política pública para dinamizar la actividad económica", comentó.
También que el programa del Gobierno lejos de hacer más fuerte a las instituciones, trata de debilitarlas o incluso desaparecerlas.