Los estados y municipios mexicanos que cambiarán de administración en los próximos meses sí podrían refinanciar su deuda de corto plazo, en caso de requerirlo, de acuerdo con Fitch Ratings.
La calificadora internacional de riesgo crediticio considera que el riesgo de refinanciamiento que enfrentarán las administraciones estatales que inician su periodo gubernamental entre el 10 de septiembre y el 1 de noviembre de 2015 será similar al que han enfrentado otras administraciones entrantes.
A través de un despacho legal externo, Fitch refiere que realizó un análisis jurídico al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución de México.
Señala en un comunicado que estas modificaciones, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de mayo.
El análisis concluyó que las restricciones en la contratación de deuda de corto plazo, que se establecieron en la reforma mencionada, entrarán en vigor conforme lo indique la legislación secundaria y una vez que sea aprobada.
"Por lo tanto, las administraciones salientes sí podrían refinanciar sus obligaciones de corto plazo, en caso de requerirlo", afirma la agencia evaluadora.
En particular, continúa, la reforma al artículo 117 constitucional (fracción VIII) establece que las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.
Sin embargo, precisa que el artículo quinto transitorio de la reforma señala que la ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación con la contratación de obligaciones de corto plazo.
Refiere que existen antecedentes de incumplimiento de créditos de corto plazo que vencían durante el periodo de transición o poco tiempo después de terminado el periodo de gobierno de la administración que los contrató.
Por lo tanto, Fitch considera de suma importancia que en los procesos de transición, las administraciones salientes informen con total transparencia el estado que guardan las obligaciones de corto plazo en vigencia, pues "ello coadyuvará a mitigar el riesgo de incumplimiento".
La agencia dio a conocer que dará seguimiento a los procesos de entrega-recepción y al cumplimiento oportuno de las obligaciones que se transmitan de una administración a otra.
Los estados calificados por Fitch que tendrán un cambio de administración en los próximos meses son Baja California Sur, 10 de septiembre; Sonora, 13 de septiembre; Campeche, 16 de septiembre; Querétaro y Michoacán, 1 de octubre, en cada caso; Nuevo León, 4 de octubre; Guerrero, 27 de octubre, y Colima, 1 de noviembre.
Fitch reitera que la regulación en materia de contratación responsable de endeudamiento fortalece el marco institucional de los gobiernos subnacionales en México.
Lo anterior, añade, debido a que se constituyen normas prudenciales para el financiamiento de corto y largo plazos, además de que se impulsa a un mayor control, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.