El presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo este martes que hacen un llamado al Ejecutivo para que actúe con apego a la ley y a los procesos para dar certidumbre a la sociedad e inversionistas ante la situación de la reforma laboral.
"La Coparmex hace un llamado al Ejecutivo para que se actúe con apego a la ley y a los procesos establecidos para dar certidumbre a la sociedad, particularmente en un tema tan relevante como lo es la educación", dijo el líder empresarial.
De Hoyos señaló también que la certidumbre sobre el apego a la ley del Ejecutivo es un tema de interés nacional como lo es la reforma educativa, y que es crucial para la confianza. Además, lamentó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que deja sin efecto a la reforma educativa propuesta en el sexenio anterior.
Expuso que por presiones de un sector del sindicato de maestros se dejó a un lado el interés de la sociedad para mejorar su sistema educativo y con ello brindar mayores oportunidades de movilidad social y desarrollo a la población.
Destacó que el artículo 16 de la Constitución obliga a que los actos de autoridad estén fundados y motivados, es decir, que se refieran a un artículo y numeral a las facultades específicas a partir de las cuales se establece un mandato.
"El Memorándum del presidente carece de este sustento legal y por lo tanto, es cuestionable su efecto", advierte.
La reforma educativa y sus modificaciones venía discutiéndose por diferentes actores políticos y sociales, logrando un dictamen equilibrado que armonizaba la iniciativa presentada por el presidente con las recomendaciones puntuales realizadas por expertos y representantes de la sociedad, incluidos los grupos sindicales, expone la Coparmex.
En el dictamen se reconocen cuatro derechos profesionales clave: a la formación, capacitación y actualización de los maestros, retroalimentado con evaluaciones diagnósticas; derecho de ser admitidos a la carrera magisterial sobre la que tiene rectoría el Gobierno Federal; el derecho a lograr promociones a través de mecanismos públicos, imparciales y de igual oportunidad; y que los reconocimientos tengan esas mismas características de imparcialidad y mérito objetivo, no de clientelismo, chantaje, compra, herencia o favores políticos.
"Todos estos avances, resultado de un largo proceso de discusión y ejemplo de democracia se están dejando a un lado para ceder a las presiones de un grupo. Los niños mexicanos son quienes pagan las consecuencias de ceder a los chantajes de este grupo, pues seguirán recibiendo una educación que ha colocado al país entre los niveles más bajos de desempeño académico de la OCDE", apuntó de Hoyos.