La Cámara de Diputados solicitará a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades federales que se obligue al Ciapsa a pagar a empresas de la zona del Bajío los cerca de 82 millones de pesos que adeudan por los trabajos realizados en construcción del acueducto El Realito, situado entre Guanajuato y San Luis Potosí.
El secretario de Agricultura y Sistemas de Riesgo de la Cámara, el diputado priista Óscar Bautista Villegas, anunció que esta semana presentará un punto de acuerdo, en donde también solicitará que las autoridades correspondientes investiguen si hubo alguna irregularidad en la creación de la empresa que realizó la obra.
Las personas físicas afectadas son Armando Arriaga Ugalde y José Pablo Becerra Carbajal, ambos de Querétaro; así como Jesús Armando Villalobos Bustamante, del estado de Hidalgo; mientras que las empresas inconformes son: Andrómeda Servicios de Ingeniería y Bingsa, ambas de Querétaro; Excavaciones Ojeda, del Distrito Federal; Exploraciones y Triturados del Pacífico y Kypcon Ingenieros Civiles, ambas empresas de San Luis Potosí.
Según la denuncia entregada a la Cámara de Diputados por las compañías afectadas, ICA y las empresas españolas FCC Construcción y Aqualia fueron las encargadas del proyecto del acueducto El Realito y crearon la Constructora de Infraestructura de Aguas Potosí (Ciapsa) para realizar el trabajo.
Fue esta última empresa la que contrató a las compañías del Bajío para que realizaran labores de arrendamiento de maquinaria, trituración de roca, construcción de obra civil, venta de materiales y tubería, entre otras.
El contrato ya se cumplió, pero el pago no se ha efectuado, de acuerdo con el escrito entregado igualmente a la Comisión de Infraestructura de San Lázaro.
Los denunciantes dijeron que Ciapsa fue establecida con una vigencia de cinco años —periodo que vence el 20 de agosto próximo—, con un capital social de apenas cien mil pesos, lo que causa un "temor fundado" de que el consorcio no cumplirá con las obligaciones contraídas, lo que los llevaría a "un proceso legal largo, costoso y sin resultado favorables".
De acuerdo con el documento firmado por Armando Arraiga Ugalde —cuya empresa rentó maquinaria pesada y de transporte para la obra—, los denunciantes se han acercado al consorcio para intentar conciliar, pero la firma ha respondido que no tienen la solvencia económica para hacer frente a los adeudos contraídos, por lo que tendrían que iniciar un proceso legal para resolver el conflicto.
Los trabajos del acueducto El Realito iniciaron en 2009 y fue construido con el objetivo de inducir el agua de la presa del mismo nombre a la ciudad de San Luis Potosí.