Economía

Cepal recomienda al Gobierno mexicano ampliar apoyo a las empresas por COVID-19

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, reconoció que es necesario un ingreso básico de emergencia y créditos a empresas y desempleados a costo cero.

El gobierno mexicano debería ampliar el apoyo a las empresas para mantener el tejido productivo y establecer un pacto empresarial más sólido, recomendó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

"Sí me parece fundamental que haya un pacto empresarial más sólido porque es muy importante que esto se pueda lograr con fuerza", advirtió en la conferencia de prensa para la presentación del estudio 'Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)'.

Reconoció que es necesario un ingreso básico de emergencia y créditos a empresas y desempleados a costo cero para complementar los esfuerzos del estado por apuntalar los ingresos de los más vulnerables con un salario de desempleo.

"Nuestra opinión es que tal vez sí sería importante explorar, ampliar, el apoyo a las empresas para mantener el tejido productivo que es tan importante para los propios trabajadores", dijo.

El gobierno mexicano ha tomado un camino muy distinto al que ha elegido en crisis anteriores, señaló la funcionaria al destacar la negativa del presidente a no incurrir en mayor deuda porque el resultado final en las otras ocasiones "fue mayor concentración del ingreso"; sin embargo, señaló la necesidad de que haya un pacto empresarial sólido con la participación de los gobiernos locales y subnacionales.

La estrategia del gobierno mexicano ha sido apuntalar el ingreso de los más vulnerables a través de programas sociales que existían antes de la llegada de la pandemia; adelantó cuatro meses la pensión para adultos mayores, los apoyos a discapacitados, las becas a estudiantes, el programa de tandas y sobretodo, ha establecido precios de garantía y ha otorgado alrededor de 3 millones de créditos para pequeñas empresas, "creo que es muy importante ampliarlo, me parece que sí es muy relevante", dijo la funcionaria.

Adelantó que el gobierno analiza dar apoyos a 3 millones de personas que hayan perdido su empleo, lo que debería ser a una tasa de interés cero, ir acompañado de un ingreso básico de emergencia para los casi 11 millones de mexicanos que no tienen cobertura de ningún tipo y aplicar un seguro de desempleo para que los trabajadores no pierdan la relación laboral con el empleador.

"México está analizando dar apoyos a 3 millones de personas y empresas que han perdido su empleo y alrededor de 11 millones de personas no están cubiertas por ningún programa", refirió que la Cepal y ha calculado que dar un Ingreso Básico de Emergencia equivalente a una línea de pobreza, costaría 2 puntos del PIB.

"Creemos que esto es necesario porque estas personas son cabezas de hogar que van a requerir de este tipo de apoyos bajo alguna de estas tres formas: cobertura vía seguro de desempleo; segundo, acceso a créditos a costo cero para empresas o gente sin trabajo, y tercero, este ingreso básico para 11 millones de personas con un costo de 2 por ciento del PIB", señaló.

Respecto a la respuesta de los gobiernos en América Latina a la crisis causada por el COVID-19, el estudio de la Cepal, desarrollado en conjunto con la OIT, identifica la necesidad de fortalecer los programas de seguridad y salud en el trabajo, de incentivos laborales para la contratación de personas desempleadas y de apoyo al ingreso en situación de desempleo.

Mientras que en la región el gasto en protección social y en salud representa alrededor del 4.1 por ciento y el 2.2 por ciento del PIB; en Centroamérica, México y la República Dominicana corresponde al 1.9 por ciento del PIB tanto para protección social como en salud.

En lo que respecta a las políticas de mercado de trabajo, en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, el gasto en estas políticas no superaba el 0.7 por ciento del PIB, lo que contrasta con el 1.3 por ciento que dedican en promedio los países de la OCDE.

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