CCE tomará medidas legales para 'defender la libre competencia en generación de energías renovables'
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CCE tomará medidas legales para 'defender la libre competencia en generación de energías renovables'

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CCE tomará medidas legales para 'defender la libre competencia en generación de energías renovables'

bulletEl organismo empresarial hizo un llamado a las autoridades para promover la unión y la solidaridad nacional en este momento de emergencia, y a eliminar prácticas anticompetitivas.

Redacción
04/05/2020
Actualización 04/05/2020 - 21:01
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El sector privado tomará medidas legales para defender la competencia en el tema de la operación de plantas de energía renovable y generación de centrales en operación, debido a que el reciente acuerdo publicado por el Cenace impone barreras para la libre competencia, favoreciendo a las centrales de generación más costosas.

“El sector privado tomará las medidas legales conducentes para defender la competencia con piso parejo y el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano”, se pronunció esta tarde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra las últimas medidas publicadas por el Centro Nacional de Control de Energía.

El viernes pasado, el organismo dirigido por Alfonso Morcos publicó un acuerdo en el cual se ordena la suspensión indefinida de las pruebas críticas para nuevos proyectos de energías renovables, bajo el argumento de que es necesario garantizar el sistema eléctrico mientras el país atraviesa por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

Las pruebas son necesarias para que estas plantas entren en operación, explicaron previamente expertos del sector.

“(El acuerdo) erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada, beneficiando indebidamente a centrales de generación más costosas y contaminantes”, dijo el organismo empresarial.

El CCE consideró que sin motivación técnica sólida, ni fundamento jurídico plenamente justificado, “el Cenace ha desatendido su mandato legal de salvaguardar la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional y la competencia en el mercado eléctrico, lo cual impacta negativamente a miles de consumidores en el sector comercial e industrial”.

“Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades a promover la unión y la solidaridad nacional en este momento de emergencia, y a eliminar prácticas anticompetitivas que lastimen el marco jurídico nacional”, dijo el organismo.

Para el sector industrial, esta medida obligará a comprar electricidad de mayor costo a CFE, en un momento de enorme vulnerabilidad en materia económica y sanitaria, expuso la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

“Obligará a consumidores industriales y comerciales que tienen contratos de compra con generadores de energía limpia, a adquirir electricidad de mayor costo de CFE, afectando los ya críticos flujos de las empresas durante la contingencia”, señaló a través de un comunicado.

De igual forma, la medida, que se pretende implementar desde el día 4 de mayo y aparentemente con carácter indefinido, lesiona los derechos de inversiones privadas ya realizadas, con el consiguiente daño patrimonial para las empresas que construyeron las centrales de generación renovables.

“Es muy probable que, como medio de defensa, los inversionistas recurran a los acuerdos de protección de inversión que México tiene firmados”, alertó la Concamin.

Mientras que el Cenace argumenta que las medidas se tomaron “para fortalecer el sistema de suministro eléctrico”, pese a que voces opositoras como las del CCE aseguran que se trata de una medida para favorecer las actividades de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Este nuevo acuerdo retoma la ruta de captura regulatoria prevista en el pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde agosto de 2019”, asegura el organismo empresarial.

Esta no es la primera medida que la administración federal toma para frenar a los privados dedicados a la generación de energía.

A finales del año pasado, la Secretaría de Energía (Sener) publicó un acuerdo con el cual modificó la forma en que se otorgan los Certificados de Energías Limpias (CEL), para que las centrales legadas de la CFE pudiera emitir estos certificados. Antes, solo lo podían hacer los nuevos proyectos de generación eléctrica vía métodos renovables.

Esta medida fue frenada por jueces federales, después de que privados presentaron una serie de amparos.