Eliminar regulaciones que frenan la competitividad de las empresas, seguridad y Estado de derecho, así como ofrecer mejores servicios de salud y educación, deben ser prioridades de los candidatos a ocupar un puesto de elección popular en el proceso electoral de 2017, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Al iniciar el proceso electoral para elegir tres gobernadores, 55 diputados y 270 ayuntamientos en Veracruz, Nayarit, Coahuila y el Estado de México, la máxima cúpula empresarial hace un llamado a todos los partidos políticos y candidatos a que aprovechen sus campañas para discutir los problemas públicos y las alternativas para solucionarlos.
"Los ciudadanos deberíamos escuchar propuestas y no sólo descalificaciones", señaló Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
Entre los principales problemas de estados y municipios está la sobrerregulación y esa es una prioridad a resolver, destaca el organismo empresarial, al considerar imprescindible que gobernadores, legisladores locales y presidentes municipales tomen medidas para facilitar la apertura y operación de los negocios.
"Sólo con una economía más productiva podemos generar oportunidades de desarrollo que México requiere", dijo en su comentario semanal.
También destacó la necesidad de discutir propuestas en materia de seguridad y Estado de derecho, de cumplimiento de la ley, y consecuencias para quien no lo cumpla. La implementación de un mando único policial en los estados, la depuración de las instituciones de impartición de justicia y el combate a la corrupción serán tareas pendientes para los gobiernos locales que serán electos.
En materia de salud y educación, los estados deben trabajar para ofrecer mejores servicios públicos y mayores oportunidades de desarrollo para sus conciudadanos, dijo.
Los gobernantes electos deberán trabajar por ser más competitivos, por atraer más inversiones y por generar más empleos para sus ciudadanos. Deberán trabajar en la confianza de la sociedad, de las personas, de los ciudadanos para que ellos tengan el respaldo en el gobierno.
A través de una agenda competitividad el organismo empresarial propone para mejorar la gobernabilidad democrática y fortalecer el Estado de derecho, promover la contabilidad única gubernamental y la transparencia y órganos de control desde los municipios y los estados.