La resolución de un proyecto de sentencia de amparo promovido por la empresa Válvulas Worcester, que espera en la Primera Sala de la Suprema Corte, generaría un precedente negativo de la relación entre contribuyentes y autoridades, ya que de ser resuelto en contra, las visitas domiciliarias o auditorías fiscales se equipararían con los cateos en materia penal, advirtieron expertos.
La empresa fabricante e importadora de válvulas acero recibió la visita de agentes del SAT, quienes para comprobar el pago del arancel correspondiente, se llevaron válvulas para efectuar la revisión en las oficinas del fisco, situación contraria a lo estipulado en Ley respecto a las visitas domiciliarias.
De acuerdo con la Constitución mexicana, Artículo 16, los cateos son ordenados por un Juez, ante la probada presunción de que en el domicilio se encuentran personas o cosas que podrán ser detenidas o sustraídas por estar relacionadas con la posible comisión de un delito.
En tanto, una visita domiciliaría o auditoría consiste en actos administrativos para la revisión de libros, papeles y documentos. Esto con el propósito exclusivo de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o administrativas de los gobernados.
Es decir, no se contempla la sustracción de bienes, ni detención de personas.
"Lo que se está discutiendo es la fase terminal de una cadena de procedimientos y de juicios contenciosos administrativos derivados de la actuación abusiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en materia aduanera. Que fueron desplegados en contra de esta empresa PyME ajustada a derecho, lo que derivó en un crédito fiscal que ha venido litigando la empresa, éste proviene del análisis equivoco que hizo la autoridad de válvulas que extrajeron para realizar su peritaje por fuera, llegando a la conclusión de que debieron haber pagado un arancel general de importación, mientras la empresa sostiene que las válvulas no corresponden a esa tipificación", explicó Raúl Jiménez Vázquez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y abogado defensor de la empresa.
SE ESPERA UNA DECISIÓN DE LA CORTE ESTE MIÉRCOLES
De ser aprobado el proyecto, se verían afectadas personas físicas y morales, pues la autoridad fiscalizadora y cualquier dependencia administrativa podrá ordenar la sustracción de bienes o detención de personas bajo el pretexto de una revisión administrativa o fiscal, expuso Eduardo Viesca de la Garza, abogado defensor de la empresa Worcester y miembro del Colegio de Fiscalistas, en entrevista con El Financiero.
"Con esta interpretación se quebranta la división de poderes prevista en la Constitución, pues la Suprema Corte estaría avalando que las dependencias del poder ejecutivo ejerzan facultades de tipo judicial", precisó Viesca de la Garza.
Explicó que las sentencias de la Corte son inapelables, además de que fijan criterios para que se cumplan igual que las leyes. Por lo que la decisión, sería un precedente.
Raúl Jiménez Vázquez, señaló que con la posible aprobación se incumplirían tratados internacionales de derechos humanos, lo cual puede ser reclamado ante instancias internacionales.
"Hay una gran preocupación frente a esta situación. Colegios y barras de abogados están atentos al caso", dijo.