ASF fiscalizará la política pública de pensiones y jubilaciones
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ASF fiscalizará la política pública de pensiones y jubilaciones

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ASF fiscalizará la política pública de pensiones y jubilaciones

bulletEl organismo dio a conocer que pondrá mayor atención en la operación de los sistemas de pensiones del IMSS, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Clara Zepeda
01/07/2019
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Ante el creciente costo fiscal en los dos regímenes generales de pensiones en México, que son el de beneficio definido y de cuentas individuales (contribución definida), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará la política pública de pensiones y jubilaciones.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, la ASF afirmó que la importancia de la fiscalización de la política pública de pensiones y jubilaciones involucra una asignación importante de recursos públicos para garantizar a los trabajadores su derecho de contar con un ingreso al final de su vida laboral.

“Entre 2035 y 2040 se alcanzará el máximo de pensionados en la Administración Pública Federal (APF), lo que implica una presión creciente sobre el gasto público. Con base en lo anterior, la ASF fiscalizará la operación de los sistemas de pensiones del IMSS, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en conjunto representan el 93.3 por ciento del gasto en pensiones; así, como las medidas realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), como reguladores y supervisores del sistema de pensiones, para afrontar las obligaciones de pago y garantizar al trabajador un ingreso al término de su vida laboral.

El organismo detalló que los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones pasaron de 388 mil 660 millones de pesos en 2008, a un billón 793 mil 734 millones de pesos en el 2018. Es decir, se multiplicó 4.6 veces en una década.

Mientras que en 2018, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a poco más de 56 millones de personas, de las cuales, el 45.6 por ciento (25.5 millones de personas) tiene acceso a seguridad social, lo que significa que el 54.4 por ciento (30.4 millones de personas) no contó con ningún tipo de seguridad social, por lo que la cobertura de pensiones es baja.

El año pasado, se cuantificó un total de 5 millones 312 mil 148 pensionados, de los cuales el 99 por ciento (cinco millones 186 mil de pensionados) correspondió a pensiones bajo el régimen de beneficio definido, en tanto que el uno por ciento (52.1 miles de pensionados) a cuentas individuales o contribución definida.

Así, el valor presente a 2018 del monto estimado del pasivo laboral del esquema de beneficio definido ascendió a 13.17 billones de pesos, 44.2 por ciento más que en 2013, que representa el 56 por ciento del PIB; 245.5 por ciento del gasto corriente; el 900.7 por ciento del endeudamiento y el 430.2 por ciento de los ingresos tributarios de ese año, lo que evidenció el aumento en la presión sobre las finanzas públicas, detalló la Auditoria.

En el régimen de cuentas individuales, por su parte, se identificó una tasa de reemplazo (TR) promedio de apenas el 26.4 por ciento (indicador que hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y el de ingresos, por lo que se refiere al porcentaje que representa la pensión sobre el ingreso percibido por el trabajador).