Año tras año, a medida que el Gobierno de Puerto Rico se iba acercando cada vez más a la ruina, fue reduciendo centenares de millones de dólares destinados a carreteras, escuelas y otras obras públicas.
Descuidó el sistema de electricidad, que se fue deteriorando y dejando a la isla sujeta a frecuentes apagones.
La empresa de acueducto, que filtraba aguas sucias no tratadas, interrumpió un plan de construcción de mil 400 millones de dólares. Se eliminaron por lo menos 5 mil 800 empleos en los departamentos de policía y de bomberos.
Al no poder cubrir su cuota, Puerto Rico perdió fondos federales para trabajos en sus 7 mil 700 kilómetros de carreteras.
Mucho antes de la llegada del huracán María el 20 de septiembre, un desastre humano sumió en la vulnerabilidad al territorio autónomo de Estados Unidos, según un análisis de las finanzas y la deuda de 74 mil millones de dólares de Puerto Rico.
Mientras que las autoridades políticas de Puerto Rico prácticamente duplicaron la deuda desde 2006, los ingresos con frecuencia se usaron para mantener la burocracia, disimular el déficit o financiar proyectos que hicieron muy poco por sacar a la economía de la recesión.
Luego de que los inversionistas dejaran de comprar bonos del territorio estadounidense, organismos advirtieron que los sistemas de acueducto y electricidad se estaban derrumbando.
La inversión en carreteras, escuelas, compañías eléctricas y otros proyectos públicos declinaron el año pasado a 906 millones de dólares, en comparación con 2 mil 400 millones de dólares de 2012, según el Banco Gubernamental de Fomento.
"Esta devastación es consecuencia de una larga serie de decisiones", dijo en una entrevista el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rossello, que asumió en enero, haciendo referencia a la deteriorada red eléctrica. "Es algo que sabíamos que iba a pasar".
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Casi tres semanas después de que el huracán María azotara Puerto Rico con vientos de 250 kilómetros por hora, sólo el 15 por ciento de los 3.4 millones de habitantes tiene electricidad, casi la mitad el servicio telefónico está caído y alrededor del 40 por ciento de los clientes aún carece de agua potable.
María causó daños por un monto estimado de 95 mil millones de dólares, más que la producción económica anual, según cifras que mencionó la junta de supervisión federal de la isla.
"Las décadas de ausencia de un mantenimiento muy necesario de la infraestructura clave de Puerto Rico significa que la red eléctrica, las principales carreteras y las plantas de tratamiento y distribución de agua ya estaban en una situación muy precaria", dijo Sergio Marxuach, director de políticas del Centro para una Nueva Economía, una organización sin fines de lucro de San Juan.
"El resultado fue que se multiplicó la fuerza devastadora de las tormentas", puntualizó.
El dinero no fue una panacea. Más de una decena de organismos vendieron bonos exentos de impuestos a inversionistas con un voraz interés por los valores, que pagaban rendimientos mayores que los emitidos por otros Gobiernos de Estados Unidos.
Ese ciclo, que hizo que la deuda se cuadruplicara desde 1999, continuó hasta que el exgobernador Alejandro García Padilla dijo en 2015 que las obligaciones eran demasiado onerosas. La isla se declaró en bancarrota en mayo y algunos bonos se negocian ahora a centavos por dólar.
"Se creía que la garantía constitucional aseguraría el reembolso a los inversionistas o que el Congreso los rescataría", dijo Charles Venator Santiago, un profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Connecticut.
"En parte hay también mucho mal manejo en el plano local. A las élites de Puerto Rico no les importaba mucho la isla. Lo único que querían era ganar la mayor cantidad de dinero posible".