La prensa criminalizada: ¿qué rol juega el periodismo en los gobiernos populistas?

En El pueblo contra la democracia (2018), el politólogo alemán Yascha Mounk advierte sobre la tendencia de los gobiernos a deslegitimar la labor periodística, en tiempos en los que la inmediatez de la información y las fake news impiden que el ciudadano se forje una opinión libre de maniqueísmos.

"Los medios críticos desafían la ilusión del consenso, mostrándole a un público amplio que el populista miente cuando asegura ser la voz de todo el pueblo. La erosión de la confianza en la prensa es una de las principales armas que tienen los gobiernos populistas para mantenerse en el poder con altos índices de aprobación", escribe.

En Turquía, el presidente Erdogan ha insinuado que los periodistas son "los jardineros" que "riegan el terrorismo desde sus columnas en los periódicos". En Brasil, Bolsonaro niega la entrada de O Globo a sus conferencias y difunde las fichas de información —con fotografía y datos personales— de los reporteros que, acusa, publican "difamaciones" en su contra. En Hungría, Viktor Orban sostiene que los consorcios mediáticos de George Soros son "una mafia" que desestabiliza a Europa del Este.

Esta estrategia globalizada, tan frecuente entre los líderes populistas de derecha y de izquierda, tiene también su capítulo en la historia reciente —y no tan reciente— de México: de "prensa fifí" a "hampa del periodismo", el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acuñado giros del lenguaje y utilizado, a modo, referencias históricas para descalificar a los medios de comunicación que disienten de su administración. Y —más grave aún—, para criminalizarlos en el discurso, señala en entrevista Rubén Darío Vázquez, académico de la UNAM y experto en análisis de audiencias digitales.

"En un contexto de polarización social en el que sólo hay buenos y malos es muy fácil para el gobierno mexicano desacreditar a los medios de comunicación", observa el profesor de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. "Las acciones que AMLO ha emprendido en materia de comunicación social dan a pensar que existe una intención de criminalizar a la prensa o de emprender una cacería de brujas en contra de los medios que se atreven a criticar su círculo".

Las denostaciones que AMLO hace de la prensa mexicana surgen siempre como una reacción inmediata a la crítica que algún periodista o medio —o varios— publica en contra de él o de su administración, coinciden Vázquez y Miriam Castillo, periodista de la asociación civil Mexicanos contra la corrupción.

Por ejemplo, al ser cuestionado en su conferencia mañanera del pasado 23 de mayo sobre la falta de medicamentos y los recortes masivos en hospitales del IMSS, el presidente replicó: "Es propaganda para afectarnos. Ya ven cómo es el hampa del periodismo".

Durante el foro Desafíos a la Libertad en el siglo XXI, que se llevó a cabo el pasado domingo en la Universidad de Guadalajara, el expresidente del IFE, José Woldenberg, expresó su preocupación por los ataques del gobierno mexicano a la prensa. "Lo que se ganó en términos democratizadores se puede perder. Y me preocupa por el discurso de claros tintes autoritarios del presidente, quien no responde a los argumentos con argumentos, sino con descalificaciones. Cuando surge un punto de vista distinto al de él, incluso cuando hay datos o análisis de por medio, el resorte que se activa es el de la descalificación. Así es muy difícil construir un espacio de deliberación medianamente racional", dijo.

Los atentados contra la libertad de expresión no son cosa nueva en México. Basta recordar el Golpe a Excélsior de aquel 8 de julio de 1976, cuando el expresidente Luis Echeverría sembró una huelga al interior de ese diario para expulsar de la redacción al periodista Julio Scherer y a su séquito de reporteros y colaboradores. O cuando José López Portillo acuñó aquella frase de "no pago para que me peguen", al referirse a los contratos de publicidad entre el Estado mexicano y los medios de comunicación.

"Una de las labores del Ejecutivo es fomentar la libertad de acceso a la información, aunque esto sea contrario a sus intereses. Si el Estado no comunica lo que hace más allá de su infraestructura de medios públicos, sus funciones se vuelven oscuras y discrecionales. Necesita de las empresas privadas para fomentar la libertad de expresión", destaca Vázquez.

Castillo considera peligroso que desde el poder se plante entre la sociedad la idea de que los medios son perniciosos. "Cuando las redes crean tendencias a su favor, sí son 'benditas redes', pero cuando no, se trata de campañas de desprestigio. Aunque es una tendencia mundial, las redes no han sustituido del todo a los medios tradicionales: en Internet no todo es confiable ni todo apela a la verdad", observa.

Y concluye: "Lo alarmante es que la gente justifique los ataques o las condiciones adversas en las que vive buena parte de la prensa desde hace años".