La amenaza del control
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La amenaza del control

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La amenaza del control

bulletLa historia democrática de México ha visto desfilar a varios 'duendes' que pretenden secuestrar la libertad y autonomía de la radio y la televisión pública.

Rosario Reyes
29/11/2018
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De acuerdo con AMLO, de agruparse en la Segob todos los medios públicos, nacería una especie de 'BBC a la mexicana'.Ilustración: Alejandro Gómez

El atentado a la libertad de los medios públicos que implicó la reciente propuesta de reforma al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), aunque fue frenado, es una señal de alarma ante la cual hay que permanecer vigilantes, advierten expertos entrevistados por El Financiero.

Y es que la pasada intentona, señalan, no es la primera en la historia democrática de México que se desliza en una iniciativa de forma sigilosa y con mano negra.

El duende que agregó la línea que permitiría a la Secretaría de Gobernación proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional en la modificación a la LOAPF ya había hecho de las suyas por allá de 2002.

El entonces presidente Vicente Fox, sin dar aviso a los expertos y diputados que trabajaban desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo en una iniciativa para modificar la Ley Federal de Radio y Televisión -entonces casi intacta desde 1960- alteró el pago de un impuesto vigente desde 1968: hasta ese momento las concesionarias (emisoras comerciales) le otorgaban al Estado el 12.5 por ciento de su tiempo aire, que se cubría con programas culturales producidos por dependencias como la SEP.

La nueva legislación redujo esos tiempos a 18 minutos diarios en televisión y 35 en radio, que desde entonces se dedican al proselitismo gubernamental. A partir de 2007, ese tiempo es administrado por el INE (entonces IFE).

“Pasó lo mismo que acaba de suceder con el duende”, comparte Pita Ortiz, productora de Radio Educación, quien formó parte de aquellas mesas de trabajo legislativo. “Nos enteramos por la prensa de que Fox había acordado con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión la desaparición del Impuesto del 12.5 por ciento”.

Otro duende, dice Ortiz, se coló al legislativo entre 2005 y 2006, cuando se redactó la llamada Ley Televisa, otra propuesta para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión, que pretendía renovar las concesiones de manera automática y otorgar las nuevas mediante subastas.

La iniciativa fue desechada: tras varias reuniones, ese mismo grupo de expertos la impugnó ante la Suprema Corte de Justicia, que el 24 de mayo de 2007 declaró inconstitucionales seis artículos y partes de la reforma. Entre otros, eliminó las subastas y el refrendo automático de las concesiones.

Tras las protestas de diversas organizaciones, investigadores y profesionales, el Senado de la República rechazó el pasado 22 de noviembre la modificación de la LOAPF a favor de la Segob, que no aparecía en la propuesta original enviada a la Cámara de Diputados por Morena.

“Alguien, no hay registro de quién, la metió en las comisiones que revisaron la iniciativa”, afirma el investigador Raúl Trejo Delarbre.

En iniciativas como esta, destaca Delarbre, hay un afán de control que es contradictorio con cualquier idea de democracia y con la pluralidad que ha ganado la sociedad mexicana.

“Tengo la impresión de que el presidente electo está trabajando con una suerte de operación en pinzas. Se ha ganado, no sé merced a qué compromisos, la fidelidad o al menos la interlocución privilegiada con las grandes corporaciones de radiodifusión”, advierte el investigador de la UNAM.

“Tiene un consejo de asesores empresarios en el que participan el principal funcionario de Televisa, Bernardo Gómez; el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas; y el dueño de Cadena Tres, Olegario Vázquez Aldir; y por otro lado, tiene esta intención de control”.

El Estado debe garantizar el funcionamiento de los medios públicos, explica Beatriz Solís Leree, titular de la Defensoría del Sistema Público de Radiodifusión (SPR).

Los medios públicos están obligados a cumplir lo que marca la Constitución: “independencia editorial, participación de la sociedad, transparencia, defensa de sus contenidos, y financiamiento autogestivo”, entre otros. Privarlos de esas características sería anticonstitucional.

“Que Segob quiera manejar no sólo la supervisión de los contenidos -que está mal-, sino operar, ser juez y parte, como fue durante muchos años, nos regresa cuatro sexenios. Un control que no existía desde 2003, cuando el IMER, que estaba sectorizado en la Segob, pasó a la SEP”, dice Solís Leree.

De cara al gobierno entrante, la experta en derecho a la información destaca otra señal de alarma: “Desde hace 20 años que existe el Canal del Congreso -que es autónomo-, las actividades generadas en el Congreso se transmiten por ahí y la señal está disponible para quien la quiera tomar. Ahora, la toma de posesión la va a transmitir y a controlar Cepropie (Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales), adscrito a Gobernación. No es una casualidad”.

En entrevista, Benito Taibo, director de Radio UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), advierte que lo público obedece “a los intereses superiores de la patria”.

“Perdón por esta suerte de frase de bronce, pero estoy convencido de ello. Lo público es todo aquello que nos afecta como ciudadanos. La radio pública es una creadora de conciencia crítica, de educación sentimental, de difusión del conocimiento y, por supuesto, un medio donde se entretiene de manera inteligente. Los Estados deben mantenerse separados de la radio pública”, explica.

De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, de agruparse en la Segob todos los medios públicos, nacería una especie de 'BBC a la mexicana'. Un proyecto que el presidente del SPR, Armando Carrillo Lavat, considera poco viable: “Ni todo el presupuesto de todas las radiodifusoras públicas alcanzaría para una mínima parte de la BBC”, dice acerca de un modelo que, además, es sostenido por sus propios radioescuchas o espectadores, sin aportaciones del gobierno.

Sin embargo, observa Carrillo Lavat, si la modificación a la LOAPF hubiera prosperado sería un apoyo más al funcionamiento de los medios públicos.

“Se podrían armonizar muchas decisiones, con contrapesos como el Consejo Asesor Ciudadano y la figura del Defensor de Audiencias”, concluye.