Había una vez una empresa llamada Apple que forzaba a sus clientes a renunciar a sus descargas de iTunes si cambiaban su iPod por otro reproductor de música digital o los orillaba a la alternativa de quemar todas sus canciones en CD para luego volver a cargarlas.
Esta semana, un economista de la Universidad de Stanford puso precio a esas estrategias, para justificar la demanda que interpusieron consumidores afectados que piden una indemnización de más de mil millones de dólares en un juicio con jurado donde se acusa a Apple de intentar mantener un monopolio ilegal sobre la música digital. Los consumidores alegan que Apple, enfrentada a la competencia hace una década, cambió su tecnología para que las canciones que vendía sólo funcionaran en el iPod.
Los consumidores que compraron reproductores de música de otra marca, como el Zune de Microsoft, incurrirían en "gastos" si querían conservar su música, testificó el profesor de Stanford Roger Noll en la corte federal en Oakland, California. Para no perder su música, debían grabarla en un disco compacto en un formato no cifrado y luego subir la música de nuevo a sus reproductores o comprar la música otra vez, explicó el académico.
"El punto clave de esto es que todas las alternativas generaban costos", dijo Noll. Este costo hacía que los consumidores se quedaran atados a sus iPods, desalentándolos a cambiar a dispositivos rivales, dijo Noll. Como resultado, los consumidores tenían reducida "sensibilidad a los precios" de los iPods y Apple podía cobrar más por ellos, dijo.
La demanda de los consumidores presentada inicialmente en 2005, tuvo que esperar hasta este año para llegar a juicio. El jurado comenzó a escuchar los testimonios la semana pasada y se espera que el proceso concluya esta semana.
MINORISTAS Y DISTRIBUIDORES
Abogados que representan a un colectivo de 8 millones de consumidores y 500 distribuidores que compraron iPods entre 2006 y 2009 aducen que Apple modificó el software iTunes para que la música descargada con el software hecho por el competidor RealNetworks no pudiera reproducirse.
Noll apuntó que cuando Apple introdujo iTunes 7.0, que bloqueaba las descargas de RealNetworks, subió los precios de los iPods en 7.45 por ciento o 16.32 dólares. Esto supuso un costo para los consumidores de 195 millones de dólares, dijo. Noll basa estas cifras en un análisis estadístico de los precios del iPod y factores de mercado.
El economista indicó que Apple cobraba a los revendedores de iPods 2.38 por ciento de más por el dispositivo, sobreprecio que totalizaría 149 millones de dólares. Bajo la ley federal antimonopolio estadounidense, la indemnización por daños y perjuicios concedida por el jurado podría triplicar ese monto.
Apple argumentó que la teoría de Noll es "inverosímil", defendiendo en documentos presentados a la corte que RealNetworks, que no es parte en el caso, era un actor menor y no hay evidencia de que los consumidores se vieran obligados a comprar un iPod.
CAMBIOS TECNOLÓGICOS
Los cambios tecnológicos que Apple introdujo en iTunes eran genuinas mejoras de producto para optimizar el iPod, declararon altos ejecutivos de Apple la semana pasada.
Durante el interrogatorio del lunes, Noll admitió que las acciones de Apple probablemente también afectaron a la propia empresa, pues excluyeron a algunos clientes potenciales haciendo que los iPods fueran incompatibles con música descargada de RealNetworks. Los clientes potenciales que habían descargado música de RealNetworks eran reacios a comprar iPods, dijo.
El profesor declaró que el efecto de bloquear la entrada habría sido menor al efecto bloquear la salida, creando una atadura forzosa al iPod, dado el número relativamente pequeño de personas que descargaron música de RealNetworks, en comparación con los millones que han descargado canciones desde iTunes.
Mientras Noll testificaba sobre los supuestos costos provocados por el dominio de Apple en la música digital, el juicio afrontó un cuestionamiento sobre si debía desestimarse el caso.
DEMANDANTE PRINCIPAL
Después de que los testimonios terminaron por el día, la juez de distrito Yvonne Gonzalez Rogers rechazó la petición de Apple de desestimar el caso a falta de un demandante principal calificado.
Apple dijo que el sobreseimiento de la causa se justifica debido a que descubrió durante el juicio que el único demandante nombrado en la demanda colectiva - el único nombre que aparece en el caso de un reclamo común, cuyas acusaciones representan lo que le pasó a otros clientes del iPod- nunca adquirió directamente alguno de los dispositivos incluidos en el reclamo.
Rogers dijo que permitiría que los abogados de los consumidores nombraran a un consumidor distinto como demandante líder y mantendría la jurisdicción sobre el caso.
La juez indicó que la información que surgió en el juicio la convenció de que la demandante Marianna Rosen, residente de South Orange, Nueva Jersey, quien compró sendos iPods para ella y su hijo en 2008, utilizando una tarjeta de crédito emitida por el bufete jurídico de su entonces marido, no era una representante adecuada del colectivo de compradores de iPod cubiertos por el caso.
Aunque Rogers dijo que le causaron conflicto las revelaciones tardías de Rosen acerca de sus compras y la incapacidad de sus abogados para revisar la idoneidad de su demandante, la juez dijo que eliminarla como demandante líder no afecta ni disminuye los intereses de los otros 8 millones de participantes potenciales de la demanda colectiva.
Todos ellos pueden ser elegibles para indemnización por daños en el caso y cuyas demandas ella tiene el deber de proteger.
"Las demandas de los participantes no nombrados permanecen vivas," dijo después de que el jurado dio por terminado el día.
Rogers ordenó a los abogados de los consumidores proporcionar a Apple la información relativa a los posibles demandantes líderes sustitutos y la forma en que compraron su iPod. En los próximos días se llevará a cabo una audiencia sin la presencia del jurado para que Apple interrogue a los nuevos demandantes principales propuestos, dijo.