Hace 22 años, cuando me integré al personal de Fortune, una de las primeras cosas que tuve que hacer fue vender la mayor parte de mi cartera accionaria. La revista permitía a sus periodistas tener acciones, pero no en empresas sobre las que pudieran escribir. Como yo era un generalista que posiblemente podría escribir sobre cualquier gran empresa, eso significaba que tenía que desprenderme de todas mis acciones de compañías de alta capitalización.
Una década más tarde, cuando me convertí en columnista de negocios en el diario The New York Times, me encontré con reglas parecidas. Y aquí en mi nuevo empleador, Bloomberg, hay restricciones sobre acciones de larga data.
Entre otras cosas, los periodistas de Bloomberg (y otros empleados) no pueden vender acciones y obtener de ellas una ganancia durante los 30 días siguientes a la compra y no pueden negociar valores "mientras estén en posesión de información relevante no pública".
Por supuesto, todos los periodistas de negocios manejan información confidencial: se sabe que van a escribir sobre una empresa en particular. Un duro artículo de investigación tiene el potencial de hacer caer las acciones de una compañía, al menos en el corto plazo, mientras que un artículo positivo sobre el futuro de una empresa podría hacer subir los títulos.
Estas restricciones de negociación, que existen en todas las organizaciones de noticias de buena reputación que cubren empresas, tienen por objeto evitar tanto los conflictos de interés como la aparición de los mismos.
Si comprara acciones de una empresa de mediana capitalización, escribir un artículo positivo sobre la compañía dos días después, y luego vender la acción cuando aumente su valor, estaría haciendo algo que podría ser legítimamente descrito como negociación con información privilegiada. (Es difícil saber si un fiscal podría armar un caso legal a partir de esto, dado el incierto estado de la ley).
Sin embargo, incluso en una situación más benigna –en la que escribiera sobre una compañía donde compré acciones hace mucho tiempo, y que luego no vendiera– daría a los lectores una razón para cuestionar mi motivación.
Poco después de que el congresista Tom Price de Georgia fuera nominado para ocupar el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos en el Gobierno del presidente Donald Trump, comenzaron a surgir historias sobre algunas operaciones bursátiles sospechosas que había realizado.
En una ocasión, Price, un exortopedista que ocupa un puesto en un importante subcomité de salud, compró acciones por un valor entre mil y 15 mil dólares en Zimmer Biomet, una compañía que fabrica implantes ortopédicos.
Días después, introdujo una legislación para retrasar una regulación que habría afectado las ganancias de la compañía. (El comité de acción política de la compañía más tarde contribuyó a la campaña de reelección de Price).
En otra ocasión, invirtió entre 15 mil y 50 mil dólares en Innate Immunotherapeutics, una empresa australiana con acciones de bajo precio cuyo mayor accionista es un colega, el representante Christopher Collins de Nueva York. Price reconoció que compró las acciones tras recibir información de Collins.
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Price y sus defensores han respondido con una férrea defensa. El equipo de transición emitió un comunicado la semana pasada diciendo que Price había sido "transparente" y que había "cumplido con todas las leyes y éticas aplicables". Bueno, tal vez.
Sin embargo, mientras más indago en el tema, más pienso que su situación no es muy distinta de la de los periodistas de negocios. Tome como ejemplo el caso Zimmer Biomet.
Price dice que el hecho de haber presentado la legislación muy poco después de comprar las acciones fue pura coincidencia. Sospecho que es cierto. En marzo pasado, dice, su corredor de bolsa, que tiene autoridad sobre su cartera, decidió reequilibrarla; Zimmer Biomet, una compañía con una capitalización de mercado de 22 mil millones de dólares, fue añadida a las tenencias de acciones de Price.
Efectivamente, si uno se fija en el formulario de declaración financiera de Price para 2016, verá que el 17 de marzo fue el día que compró y vendió acciones, 75 en total. Claramente, había algún tipo de reequilibrio en curso.
Sin embargo, lo que también llama la atención es cuántas de esas empresas pertenecen al rubro de la salud: Pfizer, Athena Health, Gilead Science, Eli Lilly, y así sucesivamente. ¿Acaso el corredor abarrotó la cartera de Price con acciones de salud sin que su cliente lo supiera?
Eso es bastante más difícil de creer. Y Price, o su corredor, negoció esas acciones: según The Wall Street Journal, Price compró y vendió 300 mil dólares en acciones de compañías médicas en los últimos cuatro años.
Al mismo tiempo, Price era un agresivo promotor de compañías médicas y de doctores. Ese mismo artículo del periódico señala que mientras Price estaba negociando acciones de salud, también estaba impulsando legislación que las afectaría.
El sitio de noticias The Daily Beast obtuvo documentos de Medicare (el seguro social para personas de 65 años o más) que revelan que Price "intervino en repetidas ocasiones para favorecer a empresas farmacéuticas, a fabricantes de dispositivos y en favor de altos pagos a médicos".
El verano pasado, la agencia de noticias ProPublica documentó un caso en el que Price presionó a una agencia federal para que retirara un estudio negativo sobre un fármaco propiedad de una compañía de Georgia. Etcétera.
¿Son todas "coincidencias"? Incluso si la respuesta es sí, el hecho de que Price haya sido tan displicente acerca de poseer acciones del sector de cuidado de la salud mientras adoptaba medidas que pueden hacer oscilar estas acciones hace que sea casi imposible aceptar sus afirmaciones de inocencia.
De la misma manera en que los periodistas tienen un conflicto cuando escriben sobre una empresa donde poseen acciones, Price tiene un conflicto cuando presenta proyectos de ley que podrían afectar las acciones que posee. Excepto que su conflicto es mucho mayor, porque su poder para influir en el precio de las acciones es mucho más grande.
Aunque una ley de 2012 despojó a los miembros del Congreso de su inmunidad en relación a las leyes de negociación con información privilegiada, aún es poco probable que Price pueda ser acusado de un delito.
El hecho de que su corredor tenga autoridad sobre su cartera le da margen para negarlo casi todo. Sin embargo, su ética es otro tema. El Manual de Conducta Ética de la Cámara de Representantes dice que las acciones de un miembro del Congreso que "pudieran afectar sus intereses financieros personales requieren una mayor circunspección".
Circunspección (prudencia ante las circunstancias) es exactamente lo que falta en la actitud de Price en relación a la posesión de acciones médicas.
Price dice que venderá más de 40 acciones si se convierte en secretario de Salud y Servicios Humanos, incluyendo títulos de Pfizer, Athena Health y, sí, Zimmer Biomet.
Promete que no se "involucrará personalmente y de manera substancial en cualquier tema particular en el que el sepa que tenga un interés financiero". De repente, pareciera, que se ha dado cuenta del conflicto que representan esas acciones. Más vale tarde que nunca, supongo.
Este artículo no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños. Ni la de El Financiero.
*Joe Nocera es columnista de Bloomberg View. Ha escrito columnas de negocios para Esquire, GQ y el New York Times, y es el exdirector editorial de Fortune. El es el coautor de 'Indentured: The Inside Story of the Rebellion Against the NCAA'.