¿En verdad la 4T está combatiendo la corrupción?
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¿En verdad la 4T está combatiendo la corrupción?

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¿En verdad la 4T está combatiendo la corrupción?

bulletLa administración no solo ha pasado por alto casos de personajes de alto perfil, sino que está mermando las instituciones que podrían hacer que México sea más transparente, dice Shannon O'Neil.

Bloomberg / Shannon O'Neil*
04/02/2020
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Bloomberg Businessweek

“La corrupción es la amenaza más grande para México, más que el crimen organizado”, dijo en alguna ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que bajo su administración “la corrupción ya se acabó, los funcionarios ya no roban” y presumió el avance de México en el ranking de Transparencia Internacional, donde ya superó a Rusia (aunque todavía está debajo de Ucrania, Pakistán y Gabón) como una reivindicación.

Sin embargo, en cuanto a la corrupción, la esperanza de los votantes y la retórica del presidente parecen haber dejado atrás la racionalidad y la realidad. Su administración no solo ha ignorado casos de corrupción de personajes de alto perfil, sino que está desmantelando las instituciones que podrían hacer que México sea más transparente y responsable.

La corrupción es un grave problema para México. Las encuestas muestran que uno de cada tres mexicanos paga ‘mordidas’ cada año por servicios básicos, y casi la mitad de las empresas dicen que perdieron frente a otras que ofrecieron sobornos. Esto tiene un costo económico, estimado en alrededor de 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La corrupción también es importante para los votantes, pues aparece como una de sus mayores preocupaciones. De hecho, el tema ayudó a poner a López Obrador en la Presidencia.

Pero los miembros de su círculo íntimo parecen propensos a malas acciones. El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, no informó sobre casi dos docenas de casas de lujo que posee en la Ciudad de México, que tienen un valor de más de 40 millones de dólares. El senador Napoleón ‘Napito’ Gómez Urrutia, un exlíder sindical, ahora viaja en jet privado, mientras su hijo publica videos de sus Mercedes, Porsches, Land Rovers y otros autos de lujo en YouTube. Y a pesar de la falta de experiencia profesional de este, se está metiendo en negocios de minería y energía, sectores económicos supervisados por su padre.

Por otra parte, Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena desde 2017, argumentó haber cometido un "error contable" cuando presentó sus declaraciones de impuestos en 2013, un detalle que le representó un ahorro de 850 mil dólares.

Y el problema parece ir más allá de unas cuantas ‘manzanas podridas’: ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, uno de los programas insignia de López Obrador que beneficia a más de dos millones de personas, está plagado de registros falsos y nombres repetidos, empresas y direcciones ‘fantasmas’ y compañías reales que no tenían ni idea de que estaban inscritos o supuestamente capacitando a becarios.

A esto se suma que un tercio del presupuesto de dos mil millones de dólares del programa en 2019 parece haber desaparecido en el canal discrecional de la administración.

El Gobierno sigue siendo vulnerable a contratistas públicos falsos: proveedores imaginarios de equipos médicos pagaron para proveer a clínicas públicas, una empresa de construcción inexistente fue contratada para reconstruir una carretera de Sonora, y servicios de limpieza falsos recaudaron más de 6 millones de dólares en 2019.

Y la 'opacidad' del pasado también continúa: tres de cada cuatro contratos públicos se adjudicaron sin licitación. Uno de los mayores de esos acuerdos beneficia a Ricardo Salinas Pliego, un empresario que apoya a López Obrador, a quien el Gobierno le paga por suministrar las tarjetas de débito para distribuir los fondos de algunos programas sociales de la administración.

A esto se suma que el Gobierno clasificó como información reservada los estudios de factibilidad y los detalles de contratos y pagos del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros grandes proyectos de infraestructura.

Los procesos e instituciones destinados a enfrentar la corrupción están en ruinas. Irma Eréndira Sandoval, secretaría de la Función Pública, determinó recientemente que las extravagantes propiedades de Bartlett no eran un problema, ya que no fueron compradas durante su trabajo actual (a pesar de que ha estado en un cargo público durante años) y porque no estaban a su nombre, sino al de varios miembros de su familia.

Sandoval no parece desconcertada por el posible conflicto de intereses de las empresas familiares que se ‘mezclan’ con las vías políticas. Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de López Obrador, también parece más interesado en perseguir a enemigos políticos (por ejemplo, congelando las cuentas bancarias del exministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, el tiempo suficiente para lograr su renuncia) que investigar a los amigos.

El Sistema Nacional Anticorrupción, creado por medio de un conjunto de reformas constitucionales y legislativas de 2015, está casi muerto. López Obrador lo ha ignorado desde el principio y no ha designado funcionarios para que operen su órgano principal. La Suprema Corte derribó además el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. En otros estados, muchos esfuerzos siguen estando mal financiados o dependen de los jefes políticos locales. Algunas entidades aún no han establecido normas que exijan a los candidatos a cargos políticos que presenten sus declaraciones de impuestos y transparenten sus propiedades, y aquellos que están en estados donde sí existen eligen ignorarlas.

Las medidas de austeridad del Gobierno han representado un duro golpe contra el sistema de justicia. El presupuesto del fiscal general de la República se redujo en casi 80 millones de dólares, y otras agencias y tribunales también perdieron decenas de millones de pesos por recortes.

Además, la administración de López Obrador está debilitando sistemáticamente la independencia del sistema judicial. El Poder Ejecutivo ha tomado el control de las evaluaciones y promociones para los funcionarios judiciales. Los jueces que no siguen la línea a menudo son reasignados.

Los cambios legales de la administración no están haciendo que México sea más justo o más transparente. Nuevas leyes tratan el posible fraude fiscal como crimen organizado, lo que permite al Gobierno congelar activos de manera preventiva, incluso en disputas contables de rutina, y documentos filtrados mostraron planes para revertir el nuevo sistema de justicia acusatorio, expandir la detención preventiva, eliminar los controles y equilibrios de los fiscales e incluso reconocer confesiones extraídas bajo coacción o tortura.

Con una fuerte mayoría en ambas cámaras del Congreso, López Obrador podría hacer algo respecto a la corrupción. Para comenzar, podría perseguir el mal comportamiento entre su equipo, ya que el apoyo del pueblo es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier golpe a su coalición política. Podría crear un sistema más justo y fortalecer la independencia de los tribunales y aumentar su presupuesto.

Lo más importante es que podría consolidar el nuevo sistema de justicia penal, asignando recursos para capacitar a los policías en medicina forense, a funcionarios judiciales para armar casos e interrogar a testigos, y a jueces para sopesar la evidencia bajo nuevas reglas. Un mejor sistema reduciría las tasas de impunidad y perfeccionaría el debido proceso.

En cambio, López Obrador está debilitando a las dependencias y organizaciones que tienen la mejor oportunidad de lograr un mayor equilibrio y responsabilidad. Con esto, sus acciones se asemejan a las de la ‘mafia del poder’ que tanto critica. Estas también dejarán a los mexicanos, y especialmente a los más pobres, más vulnerables al crimen y a la corrupción.

*Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial, del Financiero o de Bloomberg LP y sus dueños.

*Shannon O'Neil es investigadora de Estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York.

Al editor:

Cualquiera que siga la política mexicana sabe que existe una amplia evidencia de la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción. El presidente fue elegido por una mayoría abrumadora y actualmente tiene índices de aprobación superiores al 70 por ciento, precisamente porque prometió una transformación histórica basada en la lucha contra la pobreza y en la eliminación de la corrupción de la vida pública. Después de solo un año, ha cumplido su promesa.

La estrategia tiene varios componentes, pero me gustaría destacar lo siguiente:

Primero, existe un compromiso institucional para combatir la corrupción. Se ha designado un fiscal especial para manejar los casos de corrupción, cumpliendo así una promesa hecha por el gobierno anterior. Bajo el liderazgo del presidente, el Congreso ha reformado nuestras leyes para clasificar el soborno y la malversación de fondos como delitos sin derecho a fianza para prevenir y castigar a los servidores públicos corruptos. Se han aprobado amplias reformas constitucionales para recuperar más fácilmente los activos que se obtuvieron de forma corrupta, y ahora se requiere que los altos funcionarios revelen públicamente sus bienes y cualquier posible conflicto de intereses.

Además, el gobierno ha lanzado un buscador en línea que el público en general puede usar para ver los salarios de cada funcionario público, desde el presidente hasta los maestros y enfermeras de las escuelas.

Por primera vez, las instituciones de justicia de México están llevando a cabo investigaciones abiertas de casos pasados de corrupción de alto nivel; México también ha solicitado asistencia de instituciones multilaterales que buscan una gestión pública más justa y más transparente. Actualmente, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) está ayudando al gobierno en varias áreas, incluida la preparación de licitaciones competitivas para proyectos estratégicos y compras públicas.

O’Neil pasó por alto estos logros y afirmó que "los procesos e instituciones destinados a combatir la corrupción están en ruinas". De hecho, hemos fortalecido significativamente nuestras instituciones.

En segundo lugar, nuestro país ha ajustado su presupuesto para garantizar que nuestra Secretaría de la Función Pública, la oficina a cargo de la lucha contra la corrupción, esté totalmente financiada. El Congreso aprobó un aumento del 57 por ciento para el financiamiento de 2019 a 2020, evidencia clara de un compromiso renovado para combatir la corrupción.

Tercero, cualquier estrategia que busque combatir la corrupción debe abordar la impunidad, especialmente la de los altos funcionarios. La administración actual ha hecho esto a una escala sin precedentes que demuestra claramente su firme voluntad política para acabar con la impunidad de alto nivel. Antiguos miembros del gabinete con altos presupuestos, líderes sindicales, directores ejecutivos de empresas públicas, abogados y, por primera vez, un juez estatal de alto rango, todos presuntamente involucrados en casos de corrupción de alto perfil, se enfrentan actualmente a procesos judiciales.

Desafortunadamente, la corrupción arraigada de México es imposible de eliminar en un año. Sin embargo, estamos haciendo progresos innegables, como lo muestra el informe anual de Transparencia Internacional, y nuestro camino a seguir es claro. Continuaremos fortaleciendo nuestras instituciones, combatiendo la impunidad y aumentando la responsabilidad. Los resultados mencionados aquí son solo algunos ejemplos de lo que ya se ha logrado. La corrupción, que sobre todo carga a los pobres, es uno de nuestros mayores desafíos.

A pesar de la magnitud de la tarea por delante, el pueblo mexicano sabe que un sistema corrupto puede y debe ser cambiado. El presidente López Obrador está haciendo exactamente eso.