La diplomacia es un oficio con códigos, donde cada sílaba tónica cuenta. Así que aquí va una pregunta para los semiólogos latinoamericanos: ¿cómo analizar sintácticamente la decisión de Colombia de entregar dos jóvenes disidentes venezolanos fugitivos a la policía del pensamiento bolivariana?
Una teoría: para sellar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, nuevamente le hace el juego al autócrata de al lado.
No es un secreto que Venezuela desde hace mucho apoya a los insurgentes colombianos, que cometen actos terroristas y siembran el caos contra el gobierno de Colombia desde hace medio siglo, a menudo con un guiño y la aprobación de sus protectores venezolanos. Ese vínculo tóxico alejó a Colombia y Venezuela durante la mayor parte de la década anterior, en la cual se enfrentaron un Álvaro Uribe de línea dura con el principal demagogo andino, Hugo Chávez.
Desde que Santos fue elegido por primera vez en 2010, ha hecho lo imposible para poner fin a la Guerra Fría andina, enfureciendo a Uribe, a muchos colombianos y también a toda la oposición venezolana.
Prueba A: su extradición en 2011 del presunto traficante de drogas venezolano Walid Makled, entonces detenido en una cárcel colombiana. No a los Estados Unidos, donde Makled era buscado por un fárrago de delitos graves, desde traficar cocaína a colaborar con las FARC, sino a Venezuela, donde su juicio aún no ha concluido.
Muchos pragmáticos restaron importancia a ese tipo de deferencias considerándolas el precio para impedir que Caracas desbaratara las negociaciones entre Colombia y las FARC en La Habana, donde Santos esperaba terminar con la insurgencia más larga del Hemisferio Occidental.
Dos años después, la paz sigue siendo esquiva pero Santos continúa haciéndoles la corte a los chavistas. Lo que nos lleva de vuelta a los fugitivos venezolanos. Gabriel Valles, de 27 años, y Lorent Saleh, de 26, son miembros de una organización que protesta contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro pero no son precisamente delincuentes empedernidos, y mucho menos una pieza que vaya a cambiar las reglas del juego en las tratativas de paz. Como me dijo Diego Arria, dirigente opositor venezolano: "Son chicos, no la vanguardia rebelde".
Ambos habían huido a través de la frontera para evadir a los tribunales venezolanos, donde enfrentan cargos por causar disturbios durante las protestas callejeras antigubernamentales, como "incitar al desorden público", divulgar "información falsa" y una joya bolivariana llamada "incertidumbre pública", que en la jerga chavista es cualquier cosa que se les ocurra a sus hombres de rojo.
Desde que por primera vez fueron llevados ante un tribunal venezolano, están obligados a presentarse cada tantas semanas ante la policía y tienen prohibido viajar al exterior. De modo que, en la práctica, su delito fue violar la libertad condicional.
No es que a nadie le importara mucho en el Palacio Miraflores de Caracas. El fiscal Alfredo Romero, de la agrupación venezolana de derechos Foro Penal, escribió en su cuenta de Twitter que Venezuela ni siquiera había emitido un pedido de extradición cuando Colombia los entregó a la inteligencia venezolana la semana pasada. Lo que quizá resulta aún más revelador es que se decía que Saleh y Valles eran allegados al ex presidente Uribe, el archienemigo de Santos, y habían criticado al gobierno de Santos en sus discursos, lo que añade una nota de posible venganza política a la entrega.
Cualquiera sea el motivo, el hecho atenta contra la honrosa tradición latinoamericana -incluida en la Convención Americana de los Derechos Humanos- de proteger a los disidentes que han huido de la persecución o temen por su vida.
A este "acto innoble" se agrega, me dijo Arria, ex embajador venezolano ante Naciones Unidas, la entrega de Saleh y Valles a la "peligrosa" policía de inteligencia venezolana, SEBIN, "conocida por las autoridades colombianas por sus estrechos lazos con los narcoterroristas colombianos".
Colombia no es el único país que cede ante los chavistas. En 2012, temiendo por su vida, el senador boliviano Roger Pinto Molina, adversario del presidente socialista bolivariano Evo Morales, huyó a la embajada brasileña en La Paz. La presidente Dilma Rousseff le dio status de refugiado pero le negó un salvoconducto a Brasil cuando Morales pegó el grito. Tras 455 días en el limbo, Pinto logró escabullirse a Brasil, donde las autoridades lo obligaron a guardar silencio y renunciar a su pedido de asilo, me contó su abogado, Fernando Tiburcio Peña.
El mes pasado, el exembajador venezolano Milos Alcalay, crítico de Maduro, fue detenido en Nicaragua, donde debía asistir a una reunión sobre libertad y democracia, y luego fue despachado a Panamá, antes de ser enviado a su país. Un detalle: Nicaragua y Panamá son estrechos aliados de Venezuela en América Central.
Lo que resulta desconcertante es que Santos, un hábil dirigente con visión de estadista, había brillado precisamente por no entrar en el juego de pisarse la cabeza de la diplomacia latinoamericana. Lograr la paz es una meta encomiable y puede justificar muchos sacrificios. Pero por cierto no del tipo que consiste en tirar a los disidentes extranjeros abajo del tren.