¿Y dónde quedó el Estado de Derecho?

OPINIÓN

Hay un consenso en casi todos los foros e indicadores internacionales. El gran déficit que tiene México es su Estado de Derecho, que se combina con la prevalencia del crimen organizado y la corrupción.

De acuerdo al más reciente Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF), México ocupa la posición número 138 de 141 países en el rubro de seguridad. Específicamente en la presencia del crimen organizado, la posición es la 140, solo por arriba de El Salvador. En materia de corrupción, el sitio es el 116.

El expresidente Ernesto Zedillo, en muy diversas ocasiones, señaló con ironía que los tres principales problemas de México eran: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho.

Con ello, el exmandatario quería subrayar que no había ningún otro problema de la magnitud de la ausencia de una cultura e instituciones capaces de aplicar la ley.

¿Por qué resulta tan importante el Estado de Derecho?

Con él se establece el marco fundamental de la civilidad. Es decir, las reglas del juego básicas a través de las cuales se organiza y convive una sociedad. Hablar del Estado de Derecho en el contexto del mundo moderno es hablar ni más ni menos que de civilización.

En el ámbito económico, la existencia del Estado de Derecho implica la certidumbre respecto a la forma de operar. En el caso de las inversiones, la existencia de esa certidumbre es uno de los factores que la alientan.

Usualmente, las deficiencias en la aplicación de la ley tienen un reverso de la medalla. Se trata de la corrupción. En la medida que no existen reglas del juego generales y ciertas, y que la autoridad tiene facultades discrecionales, se da un amplio margen de maniobra para que, a través del cohecho o del juego de intereses, se tomen decisiones de política pública convenientes para determinados actores de la vida económica.

De eso se trata precisamente la corrupción. De la operación del Estado para favorecer a intereses específicos por encima de las leyes que representan el bien común global de la sociedad.

No en todos los casos la existencia de la corrupción ha sido un obstáculo para el crecimiento de la inversión. China es un Estado en el cual hay una corrupción generalizada, o por lo menos la hubo durante muchos años. Hoy está en la posición número 75 en esta materia, según el WEF. Sin embargo, ese hecho no impidió que hubiera enormes inversiones que permitieran un crecimiento de la economía como en pocos países del mundo.

Pero no se trata solamente de naciones en vías de desarrollo. Incluso en países desarrollados ha habido circunstancias en las cuales coexistió la corrupción con grandes inversiones. Un caso muy ilustrativo es el de la ciudad de Nueva York. Hay innumerables reseñas que hablan de la corrupción rampante que hubo durante décadas y, pese a ello, hubo un desarrollo formidable de la infraestructura urbana.

Sin embargo, en el caso de México no es imaginable en este momento la prevalencia de la corrupción coexistiendo con el crecimiento y el desarrollo. La presencia de la corrupción significa precisamente falta de Estado de Derecho. Y sin este, en la coyuntura actual, no hay manera de que las inversiones crezcan.

Tal vez hubo alguna época en México en que la corrupción generalizada convivió con el crecimiento de las ciudades y la industrialización. Sin embargo, esa época ya quedó muy atrás.

En el marco de la falta de Estado de Derecho, un capítulo específico es el problema de la seguridad, de los bienes y de las personas.

A lo largo de las últimas dos décadas, México ha sufrido el embate del crimen organizado. Hasta el momento no han existido políticas eficaces para controlarlo.

En el sexenio de Vicente Fox se eligió ignorar su combate como política pública prioritaria. Luego, en la administración de Felipe Calderón se lanzó un ataque a veces desmedido e irreflexivo en contra de él. Sin embargo, en los últimos años de esa administración se logró una reducción de casi todos los índices de criminalidad que se prolongó a los primeros años del gobierno de Enrique Peña.

En la administración de Peña se eligió evitar el énfasis en el combate al crimen organizado. Se planteaba que la mala imagen de México en el mundo derivaba de un exceso de atención pública a esta problemática.

Como resultado de esa visión, a la mitad del sexenio de Peña nuevamente los indicadores de criminalidad se fueron para arriba.

Hoy, en la administración de López Obrador, nuevamente tenemos un crecimiento de casi todos esos índices.

La estrategia que intenta evitar el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del gobierno y el crimen organizado no está dando los resultados esperados.

Pero más allá de eso, lo peor es que la sociedad, y sobre todo los empresarios nacionales, empiezan a ver en algunas áreas del gobierno una intención de cuestionar el Estado Derecho, por lo menos en el ámbito del cumplimiento de los contratos y de los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano con antelación.

El caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco hace poco más de un año, el litigio que hubo con relación a los ductos contratados por la Comisión Federal de Electricidad y, más recientemente, el tema de los autos introducidos ilegalmente al país, son ejemplos de este tipo de dudas que surgen entre los empresarios mexicanos, ya sea que todas las iniciativas prosperen o en algunos casos se queden en intentos.

Los acontecimientos de Sinaloa durante octubre, que condujeron a la liberación de uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán que ya había sido capturado, es también otro de los indicios de la incapacidad de aplicación de la ley.

En este contexto va a ser de gran relevancia el proceso de renovación de uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras la renuncia de Eduardo Medina Mora quedó la impresión en algunos círculos empresariales de que el Poder Ejecutivo estaba tratando de controlar al Poder Judicial.

Si la persona que sustituya al ministro que salió se percibe cercana al Presidente, esa impresión se va a acentuar, sea real o no.

La Corte, junto al INE y el Banco de México, se visualizan como algunos de los pocos organismos del Estado que pueden funcionar como contrapesos del Poder Ejecutivo, lo que es fuente de certeza.

El crecimiento de la economía mexicana está en manos de la inversión privada.

Es evidente que los recursos con los que cuentan las administraciones públicas son muy limitados.

El consumo privado tiene usualmente un comportamiento muy estable que difícilmente le permite ser motor económico.

Las exportaciones dependen en gran medida de la dinámica de la economía de Estados Unidos, que es una variable que está fuera de nuestro control.

Por eso es tan crítica la inversión privada y por esa razón, el Estado de Derecho se convierte en un factor tan relevante para nuestra economía.

En la medida que esta despegue podría ser factible revivir el crecimiento.

Si esto no sucede podríamos tener la perspectiva de un sexenio completo de estancamiento.