La lucha por la vacuna es también una guerra de patentes

Dentro de la carrera para desarrollar una vacuna contra el coronavirus hay otra contienda que hay que seguir: la prisa por patentar cualquier descubrimiento. El frenesí por proteger la propiedad intelectual trae aparejada la posibilidad de impedir el acceso a lo que serán las inyecciones más demandadas del mundo.

Decenas de empresas y laboratorios están trabajando para encontrar una vacuna. A principios de mayo, el gobierno Estados Unidos eliminó las tarifas para las revisiones expeditas de patentes relacionadas con COVID, lo que facilitó el camino de la investigación y el desarrollo para equipos más pequeños que podrían no haber podido pagar los costos adicionales, que rondan los 2 mil 100 dólares. Todas las compañías valoran la propiedad intelectual, pero para las pequeñas es importante. La propiedad intelectual les brinda una forma de valuar sus invenciones cuando buscan un socio para el desarrollo o un comprador. Y casi siempre necesitan ayuda para financiar el tipo de ensayos a gran escala necesarios para obtener la aprobación de un medicamento.

Al defender los altos precios de los medicamentos, la industria siempre ha argumentado que sin altos beneficios no habría innovación. Pero los gobiernos del mundo saben que existe un riesgo en el acto de conferir a cualquier empresa el poder de veto sobre una cura para el COVID. Canadá y Alemania ya han amenazado con anular las patentes, si es necesario, para tener acceso a las vacunas. En marzo, Israel emitió una orden para permitir la importación de una versión genérica del antiviral Kaletra de AbbVie para su uso contra la enfermedad. El gobierno arguyó que AbbVie no podía suministrar suficiente Kaletra, que todavía tiene patente en Israel. Tras la orden, AbbVie dijo que "eliminaría cualquier barrera potencial a las fuentes alternativas de suministro". No se ha demostrado todavía que el fármaco sea eficaz contra el COVID-19.

Anticipando esos escollos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) formó en mayo un consorcio o 'pool' de patentes, que esencialmente pide a los investigadores compartir información de propiedad exclusiva, sin renunciar a las regalías, para facilitar que los investigadores de vacunas repliquen el trabajo de sus pares. Para julio, muchos países se habían adherido, pero ninguna farmacéutica y tampoco Estados Unidos.

Un grupo de académicos e ingenieros estadounidenses formó una coalición de patentes con una intención similar, y Amazon, Facebook, Microsoft y otros gigantes acordaron participar. No se unió, de nuevo, ninguna empresa farmacéutica. "Suponemos que su posición es que 'el COVID-19 es un mercado legítimo, podría ser un gran mercado para nosotros, entonces, ¿por qué renunciar a él?'", comenta uno de los creadores de la coalición, Jorge Contreras, profesor de derecho de patentes en la Universidad de Utah.

Cuando firmaron un acuerdo de 2 mil millones de dólares para suministrar su vacuna experimental a Estados Unidos, Pfizer y BioNTech fijaron un precio máximo de menos de 20 dólares por dosis. Durante una reunión a principios de agosto con inversores, el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, expuso la estrategia de la empresa.

"En la pandemia, tenemos un precio muy por debajo del valor con acuerdos de suministro preabrobados, principalmente para los gobiernos... pactados entre 32 y 37 dólares por dosis", dijo.

Aunque "los acuerdos de mayor volumen tendrán un precio más bajo", añadió, y después de que termine la peor fase de la pandemia, "las consideraciones de precios seguirán la dinámica tradicional y las leyes del mercado".

Más allá del precio, podrían surgir complicaciones porque las compañías farmacéuticas a menudo dependen de fabricantes externos para producir medicamentos en grandes cantidades. En este escenario, puede que no sean las patentes, sino los secretos comerciales los que generen dolores de cabeza. Con todo, hemos visto algunos indicios de cooperación dentro de la industria.

En agosto, Pfizer dijo que había llegado a un acuerdo multianual con Gilead Sciences para producir y distribuir su antiviral Remdesivir. Pero un desarrollador de vacunas, Inovio Pharmaceuticals , ya ha demandado al fabricante que contrató por negarse a proporcionar información sobre un proceso de fabricación que Inovio dice que necesitará para incrementar la producción de una hipotética vacuna. "No se pueden poner estos obstáculos cuando la salud pública, el bien común, está en juego", mencionó el director ejecutivo J. Joseph Kim después de presentar la demanda en junio. "Es indignante". El acusado afirma que la información está protegida como secreto comercial y los tribunales de Pensilvania han permitido que ese estatus se mantenga mientras el caso continúa.

Las grandes compañías farmacéuticas también han comenzado a añadir capacidad de producción antes de desarrollar una vacuna viable y podría darse el caso de que alguna construya su planta pero no tenga éxito con su invención. En ese escenario, los gobiernos querrían que esa empresa ofreciera sus instalaciones a un competidor con un producto viable. Pero ambas partes podrían rechazar fácilmente un acuerdo de este tipo si parece poner en peligro las patentes o los secretos comerciales. "Si, por ejemplo, resulta que AstraZeneca no puede producir suficientes vacunas para el gobierno, la pregunta será: ¿otorgarán licencias sobre su propiedad intelectual a otros fabricantes? Podría haber patentes o secretos comerciales, porque la elaboración de vacunas puede ser bastante compleja", dice Arti Rai, profesora de derecho en la Universidad de Duke.

El gobierno de EU, por ejemplo, tiene algunas opciones. En los casos en que ayudó a pagar la investigación, puede ejercer sus 'derechos de intervenir', establecidos en la Ley Bayh-Dole de 1980, para tomar el control de las invenciones patentadas y permitir que otros las usen. La Bayh-Dole no se ha usado con las farmacéuticas. El gobierno también tiene la facultad, incluso en casos en que no financió la investigación, de emitir una licencia obligatoria, permitiendo que otros produzcan el medicamento. Los titulares de las patentes tendrían derecho a una 'regalía razonable'. El Pentágono ejerce tales poderes en los contratos de defensa, por ejemplo en la tecnología furtiva del avión de combate F-22.

En un enfrentamiento durante la alarma del ántrax de 2001, el gobierno amenazó con anular los derechos de exclusividad de Bayer sobre el antibiótico ciprofloxacino. Bayer, en respuesta, aumentó la producción y bajó los precios por su cuenta.

Hay razones para creer que el gobierno no intervendrá directamente esta vez. El grupo sin fines de lucro Knowledge Ecology International, a través de una solicitud con fundamento en la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos, revisó acuerdos gubernamentales con farmacéuticas y descubrió disposiciones que favorecían a la industria. En los contratos con Johnson & Johnson para una vacuna y con Regeneron Pharmaceuticals para un tratamiento, el gobierno redujo o renunció a sus derechos de intervención.

"No hay razón para decir que esto debería estar fuera de la Ley Bayh-Dole, justo para eso se aprobó", dice Contreras.

Johnson & Johnson asegura que está comprometida a facilitar el acceso a su vacuna y que este tipo de contratos 'fortalecen' el compromiso público-privado para la investigación.

Una portavoz de Regeneron señaló que su contrato "permite al gobierno acceder a estas tecnologías a fin de que podamos trabajar juntos para resolver rápidamente" la pandemia.

Patient Over Pharma y otros grupos de defensa del consumidor están instando al gobierno para que incorpore precios garantizados en cada uno de los contratos de las vacunas o al menos ofrecer cierta transparencia sobre lo que los contribuyentes tendrán que pagar por ella. "Cualquier vacuna exitosa se desarrollaría con la inversión de los contribuyentes, este tipo de protecciones deberían estar incorporadas en los contratos", señala Eli Zupnick, quien es portavoz de Patient Over Pharma.

Con la colaboración de Susan Decker

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