¿La estrategia electoral de Trump? Defender con todo a las estatuas

En mayo, cuando estallaron las protestas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, una multitud en Birmingham, Alabama, derribó una estatua de bronce de Charles Linn, un capitán de la Armada Confederada y banquero después de la guerra. Fue el primero en caer. Después, los manifestantes en docenas de ciudades pusieron sus miras en estatuas de confederados y otros personajes históricos, dejando pedestales vacíos a su paso.

El 26 de junio, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para proteger los monumentos del país. El documento define los disturbios como un asedio coordinado por una red de militantes de extrema izquierda. Para argumentar su caso, la Casa Blanca se centró en ejemplos de sobrecorrección, a saber, una estatua del presidente Ulysses S. Grant que fue derribada por los manifestantes en San Francisco (Grant, quien dirigió el Ejército de la Unión que derrotó a la Confederación y quien desintegró al Ku Klux Klan original, fue el último presidente en poseer un esclavo). Trump, a la zaga en los sondeos electorales, vio una oportunidad y corrió a defender a la silenciosa minoría de Estados Unidos: sus estatuas.

Esa orden estuvo detrás de la crisis en Portland, Oregon, donde agentes no identificados detuvieron manifestantes. Mientras tanto, la Cámara de Representantes, liderada por demócratas, votó el 22 de julio para retirar del Capitolio las estatuas de confederados, lo cual plantea la pregunta: ¿cuándo se convirtieron las estatuas en un gran problema?

Quizás era inevitable que las protestas de Black Lives Matter dirigieran su atención a los monumentos locales. Según el Southern Poverty Law Center (SPLC), en la nación hay alrededor de mil 700 lugares conmemorativos de la Confederación, incluidas escuelas, calles y bases militares que llevan el nombre de sus líderes. Muchos de los cerca de 700 monumentos confederados físicos (estatuas ecuestres, bustos, placas y otros monumentos) ocupan un lugar privilegiado en los parques y plazas donde los manifestantes de todo el país están realizando acciones. El ascenso de Jim Crow coincidió con el movimiento arquitectónico conocido como City Beautiful, lo que puso a las estatuas confederadas en el centro de los esfuerzos de planificación urbana en todo el sur (Monument Avenue en Richmond, Virginia, es el mejor ejemplo). En conjunto, estos sitios conmemorativos forman una infraestructura nacional de la ideología de la Causa Perdida. Por diseño, están hechos para destacar.

La iniciativa para retirar estas esculturas, promovida desde hace mucho tiempo por la comunidad pro derechos civiles, adquirió nueva urgencia después de la masacre en 2015 de nueve feligreses en una histórica iglesia negra en Charleston, Carolina del Sur (el asesino, Dylann Roof, aparecía en algunas fotografías portando una bandera confederada). En el año que siguió al ataque de Charleston, las autoridades locales y estatales retiraron o rebautizaron alrededor de 114 símbolos confederados, según el recuento del SPLC. El movimiento se ha acelerado drásticamente en los últimos dos meses: de acuerdo con BeenVerified, un motor de búsqueda de registros públicos, se han eliminado al menos 104 símbolos confederados desde la muerte de Floyd el 25 de mayo, casi tantos como en los últimos cinco años.

Una objeción frecuente a la eliminación de los monumentos confederados es que borra la historia. "Pero la mayoría de la gente no aprende su historia de los monumentos", afirma Patricia Davis, experta en estudios culturales y profesora de la Universidad Northeastern en Boston. "Lo que estos enseñan es una lección sobre quién tiene el poder. La única razón por la que escuchamos acerca de estos monumentos y hablamos de estas cosas es porque están desapareciendo".

La rebelión contra las estatuas ha encontrado resistencia en los capitolios estatales, los tribunales regionales y, sobre todo, en la Casa Blanca. Una estrategia de la administración para combatir la violencia contra los monumentos es construir más de ellos. El 3 de julio, Trump firmó otra orden ejecutiva, esta vez para autorizar un Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses para celebrar el 250 aniversario de la nación en 2026.

Como un salón de la fama de estudios sociales, el jardín contará con algunas docenas de efigies de íconos que son incontrovertibles (tales como Betsy Ross y Jackie Robinson), así como algunas presencias y ausencias cuestionables (se incluye al difunto juez de la Suprema Corte Antonin Scalia, pero no a Thurgood Marshall). La orden también contiene algunas rarezas: prohíbe cualquier diseño modernista y concibe sitios preeminentes para los presidentes de dos agencias que la administración misma ha intentado desaparecer, el Fondo Nacional para las Artes y el Fondo Nacional para las Humanidades. A primera vista, un Jardín Nacional de Héroes es una propuesta inofensiva, un bálsamo incluso para los estadounidenses realmente dolidos por la visión de las figuras ecuestres grafiteadas.

Pero la orden ejecutiva del 26 de junio es más oscura y trascendental, pues contiene una disposición que faculta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional para que envíe fuerzas policiales federales "para ayudar con la protección de monumentos, memoriales, estatuas o bienes de propiedad federal". Otorgar a las agencias federales, incluido el Departamento de Justicia, el poder de movilizar a la policía federal, aún contra la objeción de gobiernos locales y estatales, sirve como base jurídica para la Operación Diligent Valor, la operación que tuvo lugar en Portland con el despliegue de agentes federales (el 29 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional y la gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijeron que habían acordado un plan para retirar a las tropas federales).

El fiscal general William Barr compareció el 28 de julio ante el Comité Judicial de la Cámara para explicar dicho despliegue, entre otros asuntos. En la audiencia, el representante demócrata David Cicilline, de Rhode Island, dijo que los "oficiales federales están usando tácticas abominables", tales como gases lacrimógenos que son usados contra los manifestantes pacíficos; Barr respondió que tales métodos son necesarios "para dispersar una reunión ilegal y, a veces, lamentablemente, los manifestantes pacíficos también se ven afectados".

La considerable ventaja de Joe Biden en las encuestas electorales sugiere que el tema de las estatuas no es una de las máximas preocupaciones de los votantes. El presidente no parece entender por qué, ni cómo, se está produciendo el retiro de tantos monumentos. Los legisladores municipales y estatales son responsables del retiro de más estatuas que las muchedumbres enojadas: la perspectiva de que los manifestantes destruyan los monumentos conmemorativos ha azuzado a las autoridades locales a cumplir con promesas previas para eliminar los más aborrecidos.

Allí está el ejemplo de Birmingham. Un día después de que los manifestantes derribaron la estatua de Linn, el alcalde ordenó que también se retirara el cercano Monumento dedicado a los Soldados y Marinos Confederados.

Aunque las imágenes de estatuas derribadas y cubiertas de grafiti estarán sin duda entre las más perdurables de esta época, las grúas están haciendo la mayor parte del trabajo.

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