La crisis de la inversión privada

OPINIÓN

Este año terminará con una de las peores caídas de la inversión productiva de la historia del país.

La razón principal de este desplome, que se estima estará entre 20 y 30 por ciento a tasa anual, será, desde luego, la pandemia y sus efectos económicos.

Sin embargo, no puede perderse de vista que ya desde 2019 la inversión retrocedió 5.1 por ciento.

De acuerdo con las últimas cifras del Inegi, aproximadamente el 87 por ciento de la inversión total corresponde al sector privado y solo 13 por ciento al sector público.

Por eso es que el factor determinante de la caída es la retracción de la inversión por parte de las empresas privadas.

¿Cuál es la razón por la cual los empresarios no invierten más en México?

Según las principales teorías económicas, las motivaciones más importantes para invertir tienen que ver con el rendimiento esperado.

Igualmente, cuenta de manera relevante el costo de oportunidad. En caso de que los recursos invertidos se destinaran, por ejemplo, a la compra de activos financieros, habría una ganancia que no se obtiene.

O bien, habría un costo de capital, si es que se usa crédito, por lo que el rendimiento debe ser superior a la tasa de interés pagada.

En la actual coyuntura, este último factor nos es el más importante, pues en casi todo el mundo las tasas de rendimiento o de interés de la mayor parte de los sistemas financieros son extremadamente bajos.

Hay que tomar en cuenta que la expectativa de rendimiento debe ponderarse en función del riesgo existente.

Si el riesgo de obtener cierta ganancia es muy bajo, probablemente los empresarios asignarán más recursos a dicha inversión, aunque las ganancias sean pequeñas.

Pero, si el riesgo resulta elevado, entonces lo más probable es que solo haya mayores asignaciones a la inversión si el rendimiento esperado es alto.

En el caso de México, nos enfrentamos a un doble problema. Por un lado, existe una condición en la economía muy pobre, derivada de los impactos de la pandemia y de los errores de política económica. Pero, al mismo tiempo, nos enfrentamos a una condición de alto riesgo, derivada de las decisiones que ha tomado esta administración durante el tiempo que lleva en funciones.

Es decir se trata de la 'tormenta perfecta': bajo rendimiento esperado y alto riesgo.

Si tuviéramos una economía boyante, probablemente más empresarios arriesgarían sus recursos en la búsqueda de que no quedarse fuera de la fiesta.

O bien, en el otro caso, aunque la economía tuviera un desempeño pobre, si existiera una condición de certidumbre, habría más empresarios que se decidieran a invertir.

Desde principios del siglo pasado se sabe que, en buena medida, las decisiones de inversión tienen que ver con factores subjetivos, los que el afamado economista inglés John Maynard Keynes, refería como los 'espíritus animales'.

Por esa razón es que la inversión es una variable económica que se mueve con gran amplitud, porque depende en gran medida de la oscilación de los estados de ánimo.

En México se ha dicho en diversas ocasiones que existen suficientes recursos como para incrementar de manera importante las inversiones, pero lo que no existe es la confianza del sector empresarial.

En ese contexto, la única manera de propiciar un rebote de la inversión privada es con un golpe de timón en las políticas públicas.

El problema es que la secuencia de las decisiones tomadas por este gobierno apunta a que no habrá dicha rectificación y, por lo tanto, existe el riesgo de que aun si la pandemia termina, tengamos una inversión relativamente baja que va a conducir también a un escaso crecimiento de la economía.

¿En que podría consistir el cambio de señales que propicie una actitud diferente del sector privado?

Probablemente uno de los sectores más sensibles en el ánimo de los empresarios privados es el energético.

Entre muchas empresas existe la percepción de que la estrategia seguida por la actual administración tiene fundamentalmente una razón ideológica, pero carece de viabilidad económica.

Al orientarse a la preservación de las empresas públicas del sector, es decir, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ha creado un terreno de juego desfavorable para muchas empresas que, en los últimos años, habían apostado cuantiosos recursos a este sector.

Incluso, existe la idea de que se han violado las propias leyes vigentes y con ello se ha creado una condición de incertidumbre.

Un cambio en este terreno que reconociera la necesidad de cumplir con la legislación que existía antes de que comenzara el sexenio sería muy relevante.

Se desafiaría, además, a las propias empresas públicas, a ser exitosas en una circunstancia de mayor competencia, y todo ello traería beneficios a los usuarios tanto de la energía eléctrica como de los combustibles derivados de los hidrocarburos y de las materias primas que se usan en la petroquímica.

Hasta ahora, la visión gubernamental ha sido proteger las ineficiencias de las empresas públicas en vez de alentar más eficiencia.

Una de las iniciativas más recientes enviadas al Congreso por el Ejecutivo también afecta el rendimiento de las inversiones: se trata de la virtual eliminación de la subcontratación laboral, mejor conocida como outsorcing.

Muchas empresas que han invertido en México, extranjeras y mexicanas, incorporaron en sus decisiones la flexibilidad que propició la reforma laboral de 2012.

El hecho de que se pretenda regresar a una condición de mayor rigidez en la movilidad y en los contratos laborales afectará negativamente a muchas empresas.

Es por todos estos factores que se ve muy complicado que la inversión logre repuntar en la segunda mitad del sexenio.

Para encontrar en la historia reciente del país una situación parecida a la actual hay que remontarse a la administración del presidente Miguel de la Madrid.

En su gobierno, la inversión productiva retrocedió 23 por ciento como resultado de una sucesión de crisis económicas que comenzó con la nacionalización de la banca privada en 1982 y siguió con la crisis de la deuda externa y el disparo de una hiperinflación.

Fue necesaria la aplicación de un programa heterodoxo de congelamiento de precios y salarios, así como un cambio de gobierno, la renegociación de la deuda externa y el inicio de un ciclo de reformas estructurales para reactivar la inversión y la economía.

¿Será necesario que esperemos hasta el fin del sexenio para ver una reactivación de la inversión productiva?

Suena pesimista, pero es uno de los escenarios posibles.

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