Los agricultores de café y frutas en las montañas alrededor de Arbeláez, un pequeño pueblo agricultor a unos 55 kilómetros de Bogotá, podrían tener una importante cantidad de riqueza petrolera bajo sus pies. En julio, desafiaron al gobierno e inversionistas extranjeros y votaron para dejarlo ahí.
Los referendos locales, conocidos como "consultas populares" en Colombia, cada vez se usan más para bloquear proyectos petroleros y mineros, lo que alarma a las compañías en esas industrias. Están planeadas más de 40 de esas votaciones, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lo que podría paralizar la exploración petrolera en el país sudamericano.
Canacol Energy Ltd., una compañía que cotiza en Toronto, pagó 7.5 millones de dólares en 2014 por una sección de 77 mil hectáreas en Arbeláez, pero tras la consulta del 9 de julio no puede hacer pruebas sísmicas ni taladrar pozos exploratorios para determinar cuánto crudo podría haber en el subsuelo. La sudafricana AngloGold Ashanti Ltd. invirtió 360 millones de dólares para explotar oro en el occidente de Colombia, pero abandonó el proyecto luego de que residentes locales votaran el 26 de marzo, 6 mil 165 a 76, para prohibir la minería en la zona.
Los referendos comunitarios se han convertido en el principal obstáculo para operar en Colombia, dijo Charle Gamba, director de Canacol. "La peor señal para un inversionista extranjero es invertir en un país en donde no hay seguridad contractual".
Los plebiscitos amenazan la industria que ha impulsado el crecimiento de Colombia en la última década y media, y es la principal fuente de ingresos por exportación. Al caer la producción de petróleo y con las reservas sin explorar reducidas a menos de seis años de producción, el país necesita con urgencia nuevos descubrimientos si desea seguir siendo exportador de energía. (Los vecinos de Colombia, Ecuador y Venezuela, tienen aproximadamente 40 y 340 años de reserva petrolera, respectivamente).
El ministro de Hacienda y Crédito Público colombiano, Mauricio Cárdenas, dijo que las reglas deben cambiar para evitar que pequeñas comunidades veten proyectos que son de interés para la nación. Pero ya que la Constitución de Colombia le concede a los ciudadanos el derecho a tener este tipo de referendos, el gobierno no puede simplemente enviar una propuesta de ley al Congreso. "Para cambiar esto, la ley no bastaría", dijo José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional. "Es necesario cambiar la Constitución".
El Código de Minas de Colombia había evitado que las autoridades locales prohibieran los proyectos en su territorio. Pero la Corte eventualmente tachó de inconstitucional la cláusula el año pasado, lo que fomentó una oleada de consultas populares, según Rodrigo Negrete, un abogado que aconsejó a Arbeláez y otras comunidades en temas medioambientales.
Los plebiscitos pueden ser convocados por autoridades o residentes locales que hayan reunido el número necesario de firmas de la comunidad. La Corte Suprema falló el año pasado que hay que apegarse a los resultados de las votaciones. Un campo petrolero o mina que ya contaba con la licencia de producción no sería afectada, dijo Negrete.
En las cinco consultas populares de este año, los locales votaron en una gran mayoría prohibir las compañías petroleras y mineras en sus comunidades. Han sido elogiados por medioambientalistas y políticos nacionales, incluyendo el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien está al frente de la elección presidencial de 2018. En Arbeláez, el resultado fue de 4 mil 312 a 38 en contra de las empresas. Los agricultores temieron que la presencia de pozos petroleros amenazaría su provisión de agua, según el alcalde Jorge Godoy, miembro del partido conservador.
"No tenemos tanta agua. No hay suficiente para la compañía petrolera", dijo Luis Jaime Ortiz, quien dirige una cafetería en el pueblo e hizo campaña para el voto en contra. "La actitud del gobierno es que somos izquierdistas subversivos, cuando en realidad somos un pueblo que es totalmente conservador y católico". La zona, que abastece a Bogotá de tomates, chícharos y moras, se escapó en gran parte del conflicto civil y la violencia por las drogas que afectó otras regiones en décadas recientes.
Un cambio en 2011 a la forma en la que Colombia distribuye regalías petroleras y mineras ha fomentado sin querer la oposición a proyectos en comunidades como Arbeláez, según Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, un grupo de investigación financiera en Bogotá.
Muchos municipios experimentaron la abundancia durante los años recientes de los elevados precios del petróleo, pero gran parte del dinero se robó o fue derrochado por políticos locales, dice Villar. Para enfrentar el problema y distribuir la riqueza petrolera más equitativamente en el país, el gobierno central redujo las regalías destinadas a los pueblos cafetaleros.
Juan Carlos Echeverry, entonces ministro de Hacienda y ahora director de Ecopetrol, la productora estatal de petróleo, dijo que el objetivo era "embarrar la mermelada en toda la rebanada de pan".
El resultado es que los gobiernos locales tienen menos incentivos para incurrir en el costo político de apoyar proyectos petroleros, sobre todo cuando el precio de referencia del crudo colombiano se comercia en unos 45 dólares el barril, menos de la mitad que hace cinco años.
Gamba dijo que este tipo de referendos no tienen equivalente en el resto de la región y que, sin cambiar las reglas, una sola comunidad puede "mantener secuestrado" al resto de Colombia, privándola de sus regalías e impuestos. La incapacidad, o falta de voluntad, del gobierno para hacerse cargo del problema es "cada vez más preocupante", agregó.
Las cosas pudieron ser diferentes para la compañía si tuviera residentes locales que creyeran que podrían beneficiarse de su presencia. "La mayoría de la gente en Arbeláez no son ingenieros petroleros, quienes son los que ganan los grandes salarios", dijo Óscar Javier Velásquez, un agricultor local. "Somos mano de obra barata, no calificada. ¿Entonces qué pueden ofrecernos? Prácticamente nada".
Bloomberg Businessweek