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¿Empujan las finanzas de Pemex a una reforma fiscal?

Las necesidades financieras de Pemex, y eventualmente también ahora de la CFE, pueden conducir a presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

OPINIÓN

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Las finanzas públicas de México podrían estar entrando a una etapa de vulnerabilidad ante las tendencias que se han visto en las últimas semanas en el mercado de materias primas.

El Bloomberg Commodity Index marca un alza de casi 37 por ciento entre la mitad de septiembre del año pasado y los primeros días de marzo. En particular, el precio del WTI tuvo un incremento de por 60 ciento en ese mismo lapso mientras que la gasolina negociada en el mercado de Nueva York se incrementó en 89 por ciento.


Para Pemex es buena noticia el incremento de los precios del petróleo porque implica un aumento de sus ingresos en pesos, pero no necesariamente para el gobierno. En la medida que nos hemos hecho más dependientes de los petrolíferos importados como las gasolinas y el gas natural, el beneficio de los mayores petroprecios tiende a anularse.

Entre 2016 y 2019, el valor de las importaciones de petrolíferos y gas natural fue superior a las exportaciones de crudo. Y en 2020, el saldo positivo fue apenas de 1 mil 500 millones de dólares.

Pero, el impacto sobre las finanzas públicas es mucho mayor que lo que refleja la balanza comercial de hidrocarburos.

El problema radica en que la política del actual gobierno estableció fuertes rigideces en los precios finales de la energía.


En el caso de las gasolinas, existe la intención de amortiguar los incrementos de los precios a través de reducciones en el impuesto especial que se cobra.

Aunque el precio internacional ha subido casi 90 por ciento de septiembre a la fecha, el precio al consumidor subió solo 4.8 por ciento en ese lapso.

De cualquier manera, ese incremento está por arriba de la inflación, con lo que ya no se ve sostenible la promesa del gobierno de no incrementar la gasolina por arriba del promedio de los precios al consumidor.

En el caso de la electricidad, con las reformas a la ley que fueron aprobadas en el Congreso, habrá presiones sobre los costos de la CFE pues hay incentivos para usar energías más costosas en la generación eléctrica. Sin embargo, debido a que la mayor parte de las tarifas domésticas se encuentran subsidiadas, no se puede repercutir este incremento en los costos de la electricidad doméstica.

De hecho en los últimos doce meses, el incremento del precio de la electricidad doméstica fue de solo 3.4 por ciento.

No es el caso de la electricidad para la industria o el comercio. Existe la posibilidad de que la CFE sí repercuta sus mayores costos a este tipo de usuarios.

De cualquier manera, en el conjunto, es probable que se requiera un subsidio mayor.

Para el sector de energía en su conjunto, hay una tendencia a que se requieran recursos fiscales adicionales para apoyar a las empresas del sector.

De acuerdo con los estados financieros que presentó Pemex hace algunas semanas, el 2020 será el año en el cual se han pagado menos impuestos en la época moderna. El año pasado, el pago fue por 185 mil 785 millones de pesos frente a los 343 mil 823 del 2019 o los 451 mil 167 millones de 2018.

Si esto significara que Pemex cuenta con mayores recursos para invertir, y que esa inversión repercute en un crecimiento tanto de la producción como de las reservas, la noticia sería muy positiva.

Sin embargo los propios datos de Pemex indican que no se ha logrado incrementar la producción. En enero, se produjeron 1.69 millones de barriles diarios en promedio, que se compara desfavorablemente con el promedio de 2018, de 1.82 millones.

La debilidad financiera de Pemex hará necesario una mayor inyección de recursos a la empresa, de acuerdo con lo señalado por el secretario de Hacienda y por el presidente de la República.

Las necesidades financieras de Pemex, y eventualmente también ahora de la CFE, pueden conducir a presiones adicionales sobre las finanzas públicas, las cuales ya se encuentran fuertemente requeridas por los pagos a las pensiones en curso y por el fondeo de los proyectos de infraestructura y los programas sociales de esta administración.

Estas circunstancias han conducido a diversos analistas a señalar que existe la posibilidad de que se emprenda una reforma fiscal en la segunda parte del actual sexenio.

En diversas ocasiones, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha señalado que el compromiso del gobierno fue no realizar cambios fiscales durante los primeros tres años de gobierno.

Por ende, no es improbable, que si los resultados electorales favorecen a Morena se emprenda dicha reforma al instalarse la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, en septiembre de este año.

¿Cuál sería el perfil de ese cambio fiscal?

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en diversos momentos a no poner IVA a alimentos y medicinas.

Esto implica que es poco probable que el camino de una futura reforma fiscal fuera homologar la tasa del IVA, que es uno de los mecanismos más seguros para obtener alguno ingresos adicionales.

Igualmente, no se ve factible que cambien los mecanismos de fijación de precios de las gasolinas para permitir un mayor IEPS, que es otro de los vehículos más rápidos y seguros para obtener ingresos.

En el caso del impuesto sobre la renta, no se puede descartar un alza en las tasas marginales máximas para personas físicas, como parte de un discurso redistributivo.

A mi parecer, sin embargo, lo que es más factible es que una reforma apunte a incrementos en tasas o en cobertura de los impuestos especiales diferentes al de la gasolina y probablemente a un cambio en la coordinación fiscal que reduzca las transferencias y que obligue a estados y municipios a cargar con un mayor costo fiscal, particularmente en rubros como el impuesto predial.

Se estima que la recaudación por predial en México sea apenas del 0.2 por ciento del PIB cuando en los países de la OCDE alcanza alrededor del 2 por ciento.

Si se combina un ajuste tributario que, por ejemplo generara dos puntos adicionales del PIB de recaudación y un esquema de administración tributaria que redujera las posibilidades de evasión y elusión y que por ejemplo agregara otro punto porcentual del PIB, se podría aspirar a una reforma que por lo menos en su primer año de vigencia pudiera aportar… algo así como 750 mil millones de pesos y 500 mil millones en los años subsiguientes.

De otra manera, lo que pudiéramos ver en los siguientes años es una circunstancia en la cual el hundimiento financiero de Petróleos Mexicanos arrastrará consigo también a las finanzas del gobierno federal.

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