El elusivo 4 por ciento
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El elusivo 4 por ciento

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El elusivo 4 por ciento

Enrique Quintana indica que para que el gobierno logre su meta de crecimiento de este sexenio será necesario generar las condiciones necesarias para una mayor inversión.

Bloomberg Por Enrique Quintana
11/04/2019
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Bloomberg Businessweek

Desde el periodo de transición, tras las elecciones de julio, una de las promesas del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue recobrar el crecimiento económico en México y alcanzar un promedio de 4 por ciento en su administración.

AMLO ha expresado con frecuencia que uno de los costos del “neoliberalismo” fue propiciar un muy bajo crecimiento para la economía.

En efecto, si observamos el periodo comprendido entre los sexenios de Carlos Salinas y el de Enrique Peña Nieto, de 1988 a 2018, efectivamente en esos 30 años el crecimiento del PIB per cápita en términos reales alcanzó solo el 1.25 por ciento en promedio anual.

Con un ritmo poblacional de poco más de 1 por ciento al año, tener un crecimiento del PIB de 4 por ciento real anual implicaría en el presente alcanzar un ritmo del PIB per cápita de alrededor de 2.8 por ciento cada año, multiplicando por más de dos veces lo vivido en los últimos cinco sexenios.

Sin embargo, los primeros indicios señalan que esa meta del 4 por ciento planteada por AMLO se ve todavía distante.

En el documento Precriterios de Política Económica para 2020, se visualiza un ritmo de 1.6 por ciento para el PIB en 2019 y de 1.9 por ciento para 2020.

Es decir, al término del primer tercio de la actual administración ni siquiera se estaría llegando a la mitad del ritmo que supuestamente se ha planteado como meta para el sexenio.

¿Cómo fue que se logró que el crecimiento promedio anual del PIB fuera de 4.1 por ciento real en el periodo de 1970 a 1988? ¿O que fuera de 6.1 por ciento en el lapso que va de 1950 a 1970?

La razón es muy clara: por los altos índices de inversión tanto del sector público como del sector privado.

Durante el llamado “desarrollo estabilizador” la inversión productiva total en México creció a una tasa promedio anual de 6.8 por ciento en términos reales y se convirtió en el segmento más dinámico de la economía.

Se trataba de un país que se estaba construyendo y modernizando.

Luego, cuando vino la etapa del estado intervencionista, entre 1970 y 1988, con varias crisis económicas en medio, empezó a caerse el ritmo de inversión y ya solo fue de 2.8 por ciento anual, creando de esa manera las condiciones para el freno posterior que vino.

En los 30 años siguientes el ritmo de la inversión quedó en 3 por ciento en promedio, insuficiente nuevamente para propiciar un mayor crecimiento.

¿Qué fue lo que dejó de hacerse en México desde hace muchas décadas que ha impedido que la inversión alcance el ritmo necesario para volver a dinamizar la economía?

El problema más serio radica en la inversión pública.

El Estado dejó de hacer inversión en infraestructura en la medida que la economía lo necesitaba, fundamentalmente por tres razones.

La primera es que fue adquiriendo otros compromisos, esencialmente de política social, que incrementaron fuertemente el llamado gasto inercial del sector público.

Sin una reforma fiscal que permitiera un incremento sensible de la tributación, se fueron restando recursos disponibles para la inversión pública.

La segunda es que, aunque desde la década de los noventa en el siglo pasado se pensó en esquemas de complementación entre la inversión privada y pública, en la creación de infraestructura, estos esquemas realmente nunca despegaron.

Y la tercera es que se fue perdiendo gradualmente la capacidad de ejecución, tanto la destreza técnica como la habilidad política para realizar obras públicas importantes a pesar de las afectaciones particulares.

El ejemplo más visible es el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Las primeras iniciativas para la construcción de un nuevo aeropuerto datan de la década de los ochenta del siglo pasado.

Sin embargo, las crisis recurrentes de las finanzas públicas no dejaron espacio para concretar el proyecto.

Finalmente, el proyecto se relanzó en 2002. Sin embargo, la deficiente planeación de la compra de tierras y la falta de destreza política del gobierno del entonces presidente Vicente Fox, terminaron por empantanar el importante proyecto, que acabó cancelándose.

En el sexenio de Felipe Calderón, de nueva cuenta se revivió el proyecto. Pero el problema es que iba a lanzarse en el último año de gestión de esa administración, por lo que se tomó la determinación de dejar el tema al nuevo gobierno.

Concretado el proyecto en 2014, logró avanzar más o menos por tres años y medio antes de que el gobierno de AMLO tomara la determinación de cancelarlo.

Así como esa obra de infraestructura relevante, hay muchas otras de escala menor que se fueron quedando pendientes.

Los gasoductos que empresas privadas no pueden terminar debido a conflictos sociales o municipales son otro de los casos más ilustrativos.

Un tema aparte es Pemex. Específicamente durante el gobierno de Peña Nieto, la caída en la inversión realizada por la petrolera fue de 51.2 por ciento en términos reales.

Los recursos de Pemex se destinaron a pagar los impuestos y derechos que engordaron los ingresos públicos, en buena medida para alimentar el gasto social, así como el gasto federal que finalmente llegaba a los estados.

La crisis de la principal empresa del país, en buena medida, tiene su explicación en lo que se hizo durante el sexenio de Peña.

Aunque en este gobierno, el de AMLO, se ha planteado específicamente la decisión de incentivar la inversión pública, no parece fácil su ejecución.

En diciembre de 2018, el primer mes de la nueva administración, hubo una caída de 7.7 por ciento. Las cosas parecían haber cambiado en enero, cuando se presentó un incremento de 14 por ciento. Pero los problemas resucitaron en febrero y en ese mes la caída anual fue de 26 por ciento.

En el caso de la inversión privada, aunque no hay cifras recientes, dado que representa más del 80 por ciento de la inversión total, en realidad su comportamiento es como el de la cifra global, y claramente en los últimos meses del año pasado hubo una fuerte caída de más de 6 por ciento en diciembre.

No hay elementos para pensar que hay condiciones para un despegue de la inversión privada a estas alturas de 2019.

Por simple cautela y a la espera de señales económicas más claras, muchos empresarios han decidido posponer proyectos y no se ve con certeza cuándo estos puedan ser reactivados.

De esta manera, pareciera que el elusivo 4 por ciento de crecimiento no va a aparecer en el país por un largo rato.

Claro que hay manera, pero lo que se necesitaría es que el gobierno tuviera la capacidad de convocar a una gran cruzada por la inversión, que implicara facilitarle la vida a empresarios de todos los tamaños. Igualmente, lo más probable es que se requiriera una gran reforma fiscal para darle al sector público nuevamente los recursos necesarios para invertir y modernizar nuestra infraestructura.

Las decisiones que este gobierno ha tomado hasta este momento probablemente puedan favorecer a segmentos específicos o a sectores y regiones.

Sin embargo, no se ve una política que realmente permita la reactivación de la inversión productiva.

Así, bien podría ser que siguiéramos otro sexenio a la espera de ese ansiado 4 por ciento que no termina de llegar.