El 'derecho de piso' crece con las mafias locales en el Brasil de Bolsonaro
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El 'derecho de piso' crece con las mafias locales en el Brasil de Bolsonaro

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El 'derecho de piso' crece con las mafias locales en el Brasil de Bolsonaro

Los grupos en los barrios pobres de Río y otras ciudades controlan la seguridad, el gas, el internet y hasta el tabaco.

Bloomberg / Bruce Douglas y Sabrina Valle
24/05/2019
brasil
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A principios de 2018, una nueva marca de cigarros empezó a venderse en los bares y quioscos de periódicos de Itaboraí, una ciudad petrolera venida a menos en el estado de Río de Janeiro. A menos de un dólar la cajetilla, los cigarros Gift rápidamente acapararon el mercado del tabaco de contrabando en esta ciudad que, a pesar de tener una población de 240 mil habitantes, se ve y se siente abandonada. Su monopolio no se debió a la calidad del producto paraguayo. Más bien, dice la policía, marcó la llegada de una milicia criminal que obligaba a los vendedores a ofrecerlo.

A unos 48 kilómetros de Río, Itaboraí es una zona azotada por la recesión, el crimen y la corrupción, las mismas fuerzas que han destrozado a Brasil y que empujaron a votantes a elegir a Jair Bolsonaro como presidente. Hace diez años, la ciudad estaba lista para montar la ola de los commodities. Hoy, la planta petroquímica Comperj, construida por Petrobras, es solo un grupo de chimeneas y un violento grupo paramilitar carroñea los huesos de la economía.

Las milicias, grupos conformados por policías y otros agentes de seguridad fuera de servicio que actuaban por la libre, comenzaron a operar en las favelas de Río hace unas décadas ante la vista gorda de las autoridades. Creadas supuestamente para expulsar a los narcotraficantes, se convirtieron en una mafia que “cobra” por seguridad, gas, acceso a internet y a TV por cable. Estas milicias operan en todo Río y en otras catorce ciudades del estado, afectando a dos millones de personas, dice la policía.

Bolsonaro, quien prometió en campaña imponer la ley y el orden, no respondió las solicitudes de comentarios, pero ha defendido públicamente a las milicias. “Algunas personas apoyan a las milicias, ya que las ven como una forma de liberarse de la violencia”, dijo a Radio Jovem Pan en febrero de 2018. “Allí donde se paga a la milicia, no hay violencia”.

Los residentes de Itaboraí cuentan una historia diferente. En enero, agentes estatales arrestaron a nueve presuntos integrantes de la milicia por extorsión. Los residentes y comerciantes que se resistieron se enfrentaron al “secuestro, la tortura, la muerte y la desaparición de sus cuerpos”, según un comunicado de los fiscales. La policía no respondió a los mensajes que solicitaban discutir la cuestión de la milicia. Los lugareños dicen que no tienen a quién recurrir.

“Si los delincuentes saben que alguien los delata, asesinan a esa persona”, dice el fiscal de distrito Romulo Silva, quien acusó a siete milicianos de Itaboraí de torturar a una pareja sospechosa de delatar a narcotraficantes. Los hombres irrumpieron en su casa, los maniataron y los golpearon, según documentos judiciales. Frente a los hijos de la pareja, orinaron sobre la mujer y torturaron los testículos del hombre. La familia huyó de la ciudad.

La situación en Itaboraí empeoró. Los homicidios aumentaron 30 por ciento de 2016 a 2017, cuando un brazo del cártel Comando Vermelho tomó el control. En diciembre de 2017, las fuerzas policiales expulsaron a los narcotraficantes para luego cederle el territorio a una milicia, según Silva. El crimen se disparó de nuevo. En 2018, más de 130 residentes fueron asesinados, según el instituto de seguridad pública de Río de Janeiro. Las desapariciones aumentaron 113 por ciento, a 111 personas, respecto al año anterior.

La milicia opera un negocio de protección extorsiva: cobra tarifas que van desde cinco dólares al mes, por casa, hasta 375 dólares por empresa. También incursionó en el desarrollo urbanístico ilegal y la venta de cigarros de contrabando, con muchas ganancias y menores sanciones que las drogas.

La corrupción tiene un enorme costo económico para Brasil. Según la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, cuesta el 2.3 por ciento del producto interno bruto. Eso equivale 39 mil millones de dólares al año, dice Gil Castello Branco, fundador de Contas Abertas, un grupo protransparencia. “Tenemos corrupción sistémica en todos los niveles”, dice. “Es una práctica profundamente arraigada en el país, y en la seguridad pública no es diferente”.

La indignación de los brasileños impulsó el ascenso de Bolsonaro. Uno de sus primeros actos fue nombrar a Sergio Moro, principal juez en la investigación de corrupción conocida como Operación Lava Jato, como ministro de Justicia. Moro busca introducir una legislación que reduciría o eliminaría el castigo para los policías que matan debido a “miedo justificable, sorpresa o emoción violenta”. Los críticos dicen que dichos términos son demasiado amplios. Pero incluso antes de que el proyecto de ley llegara al Congreso, los asesinatos de la policía de Río alcanzaron un máximo de 16 años en los primeros dos meses de 2019, con una muerte cada cuatro horas y media.

Como legislador, Bolsonaro argumentó que las milicias daban orden donde el Estado había fracasado. Su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, empleó hasta noviembre a familiares de un policía fugitivo acusado de actividad criminal. Flávio dice que las contrataciones estaban a cargo de su equipo.

El número de grupos paramilitares se ha disparado, señala José Claudio Souza Alves, profesor de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. “Nadie hace nada para detenerlos”, dice. En marzo de 2018, la concejala Marielle Franco fue asesinada por sicarios sospechosos de tener vínculos con las milicias.

En Itaboraí, la milicia extorsiona a una economía ya golpeada. Hace más de una década, la ciudad atrajo inversiones cuando el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocó la primera piedra de Comperj. El complejo iba a ser la planta petroquímica más grande de América Latina. Miles de trabajadores llegaron, pero en 2014 los precios del petróleo se desplomaron, Brasil cayó en una recesión histórica y Petrobras se vio inmerso en el escándalo de corrupción revelado por la Operación Lava Jato. A finales de 2017, comenzaron a regresar algunos empleos. Según Petrobras, unas mil 500 personas están empleadas en una unidad de procesamiento de gas natural, y el número de trabajadores se duplicará a fines de año

Cuando hay vacantes en Comperj, los subcontratistas de Petrobras llaman a sus propios empleados o recurren a una agencia de empleo ligada al alcalde, dice Marcus Hartung, vicepresidente de un sindicato. “Hay controversia sobre cómo se distribuyen los empleos. Hay política involucrada”, dice Hartung.

La policía dice que la milicia se ha infiltrado en la oficina del alcalde y en la agencia de empleo, para pedir una parte de los salarios de los trabajadores.

“El aumento de las milicias en el sector petrolero es muy preocupante”, señala Helvio Rebeschini, ejecutivo de Plural, una asociación de distribución de combustible. “Las milicias operan un número creciente de gasolineras ilegales, y Petrobras también ha sido víctima de un creciente robo en sus oleoductos”.

Petrobras dice que la responsabilidad de la contratación recae en los subcontratistas. Bloomberg News contactó a tres de ellos: MIP Engenharia solo confirmó que había usado a la agencia de empleo de Itaboraí como parte de su proceso de contratación. Metodo Kerui expresó que tiene su propia base de solicitantes. Enaval no respondió. Silva, el fiscal de distrito, dijo que cobrar por los puestos de trabajo encajaría con el modus operandi de la milicia.

Pocos en Itaboraí hablan sobre la violencia y pocos son optimistas. “Todo aquí ha fracasado”, dicen.