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El 4 de junio se realizaron elecciones estatales en Coahuila y el Estado de México.
La peculiaridad es que ambas entidades eran las únicas de México en donde no se había presentado alternancia en toda la historia. En todos los otros estados de la República más de un partido había llegado a la gubernatura.
En el Estado de México y Coahuila, desde que fue fundado el Partido Nacional Revolucionario (PNR), es decir ‘el abuelo del PRI’, siempre los candidatos postulados por este partido, en lo individual o en alianzas, habían conseguido el triunfo.
En cierta medida, las elecciones de junio de este año se convirtieron de facto en un referéndum respecto a la vigencia del PRI, fuerza que estuvo en el poder político de México desde 1929, cuando fue fundado (con el nombre de PNR) hasta el año 2000, cuando el PAN ganó la presidencia. Además de esta peculiaridad, las elecciones de junio fueron singulares por el hecho de que el Estado de México es el más grande del país en cuanto a población y al padrón electoral. Una idea de la dimensión que tiene esta entidad es que si consideramos los seis estados en los que hubo comicios en el 2022, ni aún sumando todos sus padrones electorales llegan a ser equiparables al del Estado de México, con 12.6 millones de electores.
Las encuestas electorales indicaban que el escenario más probable sería un triunfo del PRI y sus aliados en el estado de Coahuila mientras que en el Estado de México anticipaban que finalmente se habría de dar la alternancia, con un triunfo la candidata respaldada por Morena, Delfina Gómez.
Las previsiones no fallaron y ese fue el resultado obtenido en el proceso electoral. Más allá de los hechos generales hay algunas particularidades del proceso que son relevantes.
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En el caso del Estado de México, el triunfo de la candidata respaldada por Morena ocurrió gracias a los votos obtenidos por el PT y el PVEM, ya que Delfina Gómez fue postulada por las tres fuerzas. Sin contar dichos votos, el porcentaje de la votación para la candidata ganadora hubiera sido apenas de 35 por ciento, es decir, por abajo de los de su contrincante, Alejandra del Moral.
Este hecho tiene gran relevancia para las proyecciones del 2024, pues quedó claro que para la definición de los resultados en la elección presidencial serán fundamentales las alianzas.
Los resultados del estado de Coahuila también reafirman ese hecho. El candidato respaldado por el PRI pero en alianza con el PAN y el PRD obtuvo el 57 por ciento, una cifra 35 puntos porcentuales superior a la del candidato respaldado por Morena.
A diferencia de lo que ocurrió en el Estado de México donde la candidata de Morena desde el principio obtuvo el apoyo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, en el caso de Coahuila ambos partidos postularon candidatos independientes.
Apenas unos días antes de la elección, en ambos casos, las dirigencias nacionales de los dos partidos dejaron de respaldar a sus candidatos locales y apoyaron a Armando Guadiana, el candidato de Morena.
Sin embargo, este hecho ya no incidió en los resultados. Entre los dos candidatos de partidos que tradicionalmente habían sido aliados de Morena obtuvieron un 19 por ciento de los votos.
Aunque este porcentaje no hubiera sido suficiente para derrotar al candidato del PRI sí hubiera implicado una competencia mucho mayor si se hubiera sumado a Morena.
Por eso la importancia de las alianzas. En las próximas semanas seguramente se observará en México un proceso que tendrá dos avenidas.
Por un lado, Morena habrá de definir a su candidato a la presidencia de la República. Deberán establecerse mecanismos que aseguren que no habrá una fractura dentro del partido en el poder y sus aliados.
El caso de Coahuila es una muestra de que cuando hay una división al interior de la coalición en torno a Morena, crece su riesgo de perder la elección.
La otra avenida corresponde a la alianza opositora.
Los contrastes entre las dos entidades en las que hubo competencia este año muestran que cuando existe un candidato que es capaz de aglutinar el respaldo de las diferentes fuerzas políticas contrarias a Morena, existen más posibilidades de triunfo, como ocurrió en el caso de Manolo Jiménez en Coahuila.
El mecanismo de designación de los candidatos es clave.
En la definición de la candidata al gobierno del Estado de México la decisión correspondió al PRI y en particular al gobernador Alfredo del Mazo.
Se siguió la tradición priísta que establece que el mandatario en turno tiene el derecho de elegir al candidato de su partido.
El resultado fue que no se consiguió una alianza electoral que permitiera sumar a más ciudadanos además de los partidos, y el PRI, por más esfuerzos que hizo no consiguió el volumen de votos suficiente como para derrotar a la candidata de Morena.
En los próximos días, la alianza opositora también definirá los mecanismos para designar a su candidato a la presidencia de la República.
Si las dirigencias de los partidos que componen esta alianza se obstinan en ser ellos los que nombren a los candidatos, las posibilidades de conseguir que alguno de los aspirantes tenga la posibilidad de ser competitivo en una elección nacional se van a reducir.
La única fórmula para conseguir que haya un candidato que de verdad esté con posibilidades de enfrentar a quien resulte designado por Morena, será si hay suficiente participación de los ciudadanos.
La lección del Estado de México es que aunque los partidos utilicen su maquinaria electoral, en estos momentos esto no basta para derrotar a Morena.
El partido en el poder no solo tiene los recursos y alcances que le permite al ser el dominante sino que tiene el gran poder que es la popularidad del presidente de la República.
Cerca del 60 por ciento de los ciudadanos aprueban al presidente López Obrador, y aunque no se traslada a Morena de manera plena ese porcentaje, sí es la base del respaldo de ese partido. Para poder enfrentarla con éxito se requiere un nivel de participación ciudadana que no va a ocurrir mientras los partidos tradicionales sigan con el control de este proceso.
Las grandes marchas ciudadanas realizadas en el país en los meses de noviembre y febrero mostraron la capacidad de movilización de la población, siempre y cuando no sea encabezada por los políticos tradicionales.
La gran duda es si entre los partidos opositores existirá la inteligencia de abrirse a los ciudadanos, desde la definición del candidato presidencial.
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