El día 17 de enero comenzó a realizarse en la Cámara de Diputados un ejercicio denominado ‘Parlamento Abierto’ en torno a la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica y energética enviada por el presidente López Obrador. Esta iniciativa llegó a la Cámara de Diputados el año pasado y antes de discutirse en las comisiones del Congreso hubo el acuerdo de convocar a los interesados a expresar sus puntos de vista en torno a la propuesta.
La denominación ‘Parlamento Abierto’ deriva precisamente de que los interesados, al margen de que sean o no legisladores, tienen un espacio para expresar sus puntos de vista y ser escuchados por los diputados. Durante poco más de un mes se realizaron cerca de 20 mesas de discusión en donde participaron expertos, funcionarios, representantes de la industria así como los propios legisladores, analizando diversos aspectos de la reforma constitucional propuesta.
En teoría este mecanismo serviría para que los diputados pudieran entender mejor las implicaciones de la propuesta y cuando la dictaminaran, consideraran los elementos expresados en esas mesas. Todo parece indicar, sin embargo, que más allá de que sí hubo una amplia e interesante participación, lo determinante en la propuesta de reforma será el criterio político partidista y no los argumentos de una u otra de las partes.
Por ejemplo, los defensores de la reforma constitucional, principalmente funcionarios públicos así como algunos académicos, argumentaron cómo, a su juicio, se han pervertido algunos esquemas, como por ejemplo el de autoabasto, pues ya no está dirigido al autoconsumo sino que consideran que ha derivado en un disfraz para realizar en realidad una comercialización de la energía eléctrica por parte de las empresas generadoras.
Otros señalaron las condiciones desventajosas en las que, en su opinión, compite la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dado el esquema legal vigente. Unos más defendieron que la CFE sea el vehículo para desarrollar la transición hacia las energías limpias. Otros más señalaron que la participación privada en la generación con fuentes renovables requería en realidad de importantes subsidios.
Los críticos de la reforma, en contraste, plantearon que el efecto que tendría este cambio legal sería el encarecimiento de la energía, al cambiar el criterio de despacho eléctrico, de uno basado en los costos más bajos, a otro cuyo objetivo es asegurar el mercado a la empresa estatal. Igualmente señalaron que el cambio de reglas hará que México se retrase en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de energías limpias. Otros más indicaron que los cambios en los contratos generarán incertidumbre y falta de inversión. Mención importante también fue el señalamiento de algunos respecto al hecho de que nuestro país estaría incumpliendo con sus compromisos suscritos en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) y en el Tratado comercial con Europa (TLCUE), entre otros.
Más allá de los argumentos expresados, lo que se percibe es que los legisladores de Morena y sus partidos afines seguirán respaldando la reforma eléctrica en los términos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Igualmente quienes se oponen a ella no habrán cambiado en lo esencial su postura de rechazarla.
Lo que va a determinar finalmente si esta propuesta es aprobada o no, es la posición del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere una mayoría de dos terceras partes más un voto en ambas cámaras del Congreso para que pueda aprobarse. Morena y sus aliados carecen de dichos votos. Tienen más del 50 por ciento en ambas cámaras pero sus mayorías no alcanzan el nivel requerido. Solo podrían superar las dos terceras partes de los votos si el PRI respalda la propuesta o si al menos una parte importante de los legisladores priístas vota a favor de ella.
Lo más probable es que la posición del PRI dependa del resultado electoral del mes de junio. Hasta ahora las expresiones han sido ambiguas. Algunos dirigentes priístas han señalado que no rechazan de entrada la reforma pero que tampoco la respaldan.
Ello hace pensar que probablemente la posición priísta dependa de las condiciones políticas que surjan de la elección de junio. En esa fecha se habrán de elegir gobernadores en seis entidades de la República.
De acuerdo con los sondeos realizados hasta ahora, Morena solo tiene relativamente seguro el triunfo en dos estados. Se trata de Oaxaca y Quintana Roo. El primero sería perdido por el PRI y el segundo por el PAN, respaldado por el PRD. Morena está en condiciones de competir en otros tres estados: Hidalgo, Tamaulipas y Durango. El primero es gobernado por el PRI, mientras que los otros dos son gobernados por el PAN.
Finalmente, en el estado de Aguascalientes, Morena no parece tener ninguna oportunidad.
Si el resultado electoral favoreciera notoriamente a Morena y el PRI perdiera posiciones y votos, aumentarían las posibilidades de que los legisladores priístas o al menos un grupo de ellos, simpatizaran con la reforma eléctrica en un intento de acercarse al bloque en el gobierno. Si el resultado mostrara a un partido morenista debilitado que solo ganara en dos o tres entidades, es probable que las corrientes en el PRI se inclinaran a fortalecer una alianza opositora y por lo mismo se distanciaran de Morena y adoptaran la actitud de rechazar la reforma constitucional planteada.
Así que, más allá de las implicaciones en materia de eficiencia, medio ambiente o en las finanzas públicas, lo más probable es que el futuro de la reforma eléctrica en buena medida dependa de resultados electorales. Claro que siempre está la posibilidad de que la iniciativa pueda modificarse para hacerla digerible al PRI.
Hasta ahora, no obstante, la posición del gobierno federal ha sido no cambiar nada sustancial. El presidente López Obrador y los principales políticos del partido en el gobierno saben que lo que está en juego no es solamente la reforma eléctrica sino probablemente otros cambios constitucionales propuestos por el presidente, particularmente, una reforma político-electoral y la reforma en materia de Guardia Nacional, para adscribirla formalmente a las Fuerzas Armadas.
Es decir, lo que en realidad va a dirimirse en los procesos electorales que tendrán lugar en este 2022 es la posibilidad de que el gobierno pueda concluir su ciclo de reformas que, de acuerdo con su visión, dará continuidad a su proyecto político.