La ambigua relación entre los empresarios y AMLO

El empresario más grande de México, Carlos Slim y el presidente de la República se reunieron en Palacio Nacional el 22 de junio. En ese encuentro también estuvo presente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El tema de la reunión fue el colapso de la línea 12 del Metro, que dejó un saldo de 26 personas fallecidas y varias decenas de heridos, y que condujo a que se paralizara esa línea del Metro que era vital para la movilidad del oriente del Valle de México.

Los dictámenes preliminares de la empresa noruega DNV apuntaron a que la razón del desplome fue una serie de deficiencias en su construcción. Resulta que el tramo en cuestión había sido edificado precisamente por una de las empresas de Slim, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA).

La empresa dictaminadora va a presentar su informe final hasta el 30 de agosto. Sin embargo, el gobierno de López Obrador no quiere esperar hasta esa fecha para planear la rehabilitación de la línea, que afecta a cientos de miles de personas.

Por esa razón, lo más probable es que haya existido una negociación en la cual Carlos Slim, haya aceptado hacerse cargo de la rehabilitación de esa parte de la línea del Metro. Quizás para Slim hubiera sido mucho más costoso entrar en conflicto con el gobierno de López Obrador ya que su estructura empresarial depende en buena medida de contratos del sector público así como de concesiones que dependen también de la autoridad federal.

Lo que ocurrió con el fundador del grupo Carso ha sido en cierta medida lo que ha estado pasando también con otros grupos empresariales importantes.

Varios de ellos tienen un juicio crítico respecto a la gestión del gobierno de López Obrador pero dependen del gobierno, como regulador, contratista o comprador y no han querido poner en riesgo sus negocios adoptando una actitud más crítica.

Sin embargo, la posición del sector empresarial no es uniforme. Hay empresas, notoriamente algunas que se ubican en el norte de la República, que dependen mucho menos de contratos públicos y concesiones y por ello han adoptado una actitud mucho más beligerante frente a las políticas del gobierno actual.

Incluso, en el proceso electoral reciente, algunos personajes menores del sector empresarial aparecieron respaldando candidatos opositores.

En la visión de López Obrador, algunos de estos grupos de plano han roto lanzas, y por lo mismo él ha adoptado una actitud mucho más agresiva frente a ellos.

No obstante, el gobierno no ha asumido una actitud antiempresarial en todas sus decisiones.

Por el contrario, en algunas partes de su discurso, el gobierno de AMLO ha expresado la necesidad de la inversión privada y ha señalado que va a crear las condiciones para que ésta se produzca.

De hecho, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier así como quien será el nuevo Secretario de Hacienda, Rogelio Ramirez de la O, han planteado en público o en privado, la necesidad de que la inversión de las empresas crezca y han ofrecido ser la correa de transmisión para llevar las necesidades de los inversionistas a los ámbitos en los que se toman decisiones.

El problema que existe es que mientras en el discurso se habla de incentivar la inversión, en la práctica más bien ocurre lo contrario.

Por ejemplo, estamos en medio de un proceso para redefinir el outsourcing en México, lo cual va a implicar costos adicionales para muchas empresas.

Adicionalmente, seguimos con la incertidumbre respecto a las reglas en el sector energético que pusieron en entredicho miles de millones de dólares de inversiones.

Las reformas legales que fueron aprobadas por el Congreso se encuentran suspendidas por el Poder Judicial, pero no existe certeza de lo que pueda ocurrir en el mediano plazo.

Subsiste la duda respecto al futuro de los órganos constitucionalmente autónomos. Aunque Morena no obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados no hay que desechar la posibilidad de que eventualmente pueda aliarse con el PRI para efectuar algunas reformas. Y queda también la sospecha de si el PRI no podría también apoyar a Morena en su intento de modificar la representatividad en la Cámara de Diputados y Senadores, eliminando a los plurinominales, lo que daría en principio un mayor porcentaje de las cámaras a Morena.

Aún si no sucede, y el PRI se mantiene firme en la alianza opositora, el hecho mismo de que haya incertidumbre, es veneno para la inversión.

Las casas matrices de diversas empresas extranjeras que tienen recursos limitados para canalizar a sus diferentes operaciones, están evaluando si en verdad México es el país de destino que merece ampliar los recursos que se invierten.

Es claro que el impulso de la economía norteamericana está generando ventajas para nuestro país.

Algunos inversionistas ven esta oportunidad como algo excepcional, independientemente de lo que suceda con las políticas públicas y con el sistema político mexicano.

La apuesta del gobierno de López Obrador es que el pragmatismo empresarial sea tan claro que toleren actitudes autoritarias o incluso el coqueteo con regímenes como el de Venezuela u otros de América del Sur, siempre y cuando se mantenga un nivel básico de certidumbre en las reglas de la economía y que la demanda, tanto del mercado mexicano como del mercado norteamericano sigan a la alza.

La ambigüedad en la aproximación de Andrés Manuel López Obrador al sector empresarial tiene su espejo en las actitudes ambivalentes por parte de los empresarios mexicanos en su relación con el gobierno de López Obrador.

En términos generales, no les gustan las políticas aplicadas aunque reconocen que temas como la corrupción, pobreza y desigualdad, que están en el discurso presidencial son completamente pertinentes en México.

Si pudieran optar, los empresarios quisieran una administración mucho más confiable y predecible.

Sin embargo saben que eso no puede ser en el corto plazo más que un buen deseo.

Por esa razón, mientras no haya una opción viable de cambio, muchos empresarios de todos los tamaños buscan de qué manera conseguir que sus negocios sigan adelante en medio de problemas de regulación, de inseguridad y de incertidumbre.

Al gobierno actual tampoco le gustan muchos empresarios, pero sabe que no existe otra opción.

Si no hubiera inversión privada en los próximos años, la economía caería en un estancamiento prolongado que seguramente limitaría los márgenes de las finanzas públicas y traería algunos costos electorales consigo.

Así que, el escenario más probable es el de tres años de tolerancia mutua y relación ambigua entre los empresarios y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.