GUANAJUATO, Gto.- Marco Antonio Medina Torres rindió protesta como fiscal especial Anticorrupción del Estado de Guanajuato ante e pleno del Congreso Local.
El nuevo fiscal pidió a sus críticos que lo dejen trabajar para juzgar los resultados y señaló queno fue puesto o impuesto por el procurador de Justicia del estado, Carlos Zamarripa Aguirre e incluso negó tener algún lazo de amistad con él.
Dijo que quien cometa algún acto de corrupción será sancionado como corresponda, sea quien sea, incluso el gobernador o el procurador de justicia del estado.
Medina Torres dijo que debe instalarse un área de inteligencia fiscal para rastrear los recursos del erario estatal y descubrir de manera más pronta los actos de corrupción.
Asimismo, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Fiscalización Superior, su reglamento, y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Con las modificaciones aprobadas se robustece la capacidad de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para analizar las cuentas públicas, formular las observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir los informes que correspondan al Congreso del Estado de Guanajuato y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales y administrativos.
Lo anterior, en consonancia con el Sistema Estatal Anticorrupción y las nuevas conductas que junto con sus sanciones se establecen en la ley de la materia, y en las cuales la ASEG tiene un papel preponderante en la prevención y promoción de las responsabilidades administrativas y penales que detecte derivado del ejercicio de sus funciones de fiscalización.
Con las reformas, el auditor superior podrá designar directamente al personal de la institución, incluido los mandos superiores, con lo que se elimina la atribución de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de ratificar a los servidores públicos de la ASEG.
Asimismo, se incorpora la obligación para dar cuenta periódicamente a la Legislatura Local sobre las acciones de responsabilidad y de la recuperación de recursos que realice, a través de los informes semestrales. Estos informes deberán de incluir los dictámenes técnico jurídico y de daños y perjuicios.