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Juicios orales, sin posibilidad de aplicarse en San Luis Potosí

San Luis Potosí no podrá cumplir a tiempo con la implementación del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, y es hoy uno de los seis estados más atrasados, con un avance del 2.4 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.— La entidad no podrá cumplir a tiempo con la implementación del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral —plazo que vence el 18 de junio de este año—, y es hoy uno de los seis estados más atrasados, con un avance del 2.4 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En entrevista con el expresidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo San Luis Potosí, José Mario de la Garza Marroquín, señaló que aunque se han invertido 55 millones de pesos en la implementación del nuevo sistema penal, su infraestructura no se percibe.

Además, otro de los problemas que enfrenta la entidad es que el 96.5 por ciento de los delitos no se denuncian, y el estado está en los primeros lugares en corrupción.


"Será excepcional ver un juicio oral; se requiere de mucho tiempo de preparación en audiencias, interrogatorios y pruebas científicas. Es tan complejo que está diseñado para ser la excepción de la regla y la regla se da en los mecanismos alternos de solución de controversias."

"En Estados Unidos, los juicios se resuelven con acuerdos en un 95 por ciento y el resto, el 5 por ciento, se resuelve de manera oral; son los reyes de los acuerdos", dijo.

Indicó que para empezar, los ministerios públicos tendrán que darle salida a las miles de averiguaciones previas que tienen retrasos, lo cual les llevaría alrededor de seis años. "La pregunta es ¿qué van a hacer con las miles de averiguaciones abiertas? No hay un plan piloto para concluirlas", recalcó.

Además, continuó, los juicios orales requieren de una visión especial. "El nuevo sistema requiere de ir cerrando el capítulo anterior y administrar las salidas alternas, los acuerdos preparatorios, a dónde la gente no va a juicio y se resuelve todo de una manera pactada. Para ello se necesita personal muy especializado que sepa llegar a acuerdos, hacer convenios, ver que se repare el daño al afectado. Actualmente el enfoque de salidas alternas ya se está practicando en otros estados en delitos como violencia familiar y en donde participan en los convenios asociaciones civiles; ahí debería fijarse el 70 por ciento de los casos".

Agregó que a pesar de que el Poder Judicial del estado puso en práctica los juicios orales primeramente en Matehuala y Rioverde, no se han aplicado en ningún caso, ya que existe el temor de adentrase en este mecanismo.

En Matehuala, afirmó, lo que está pasando es que los casos no se están presentando a los jueces. "Están peor que antes porque ni siquiera se abren las investigaciones para no llegar al juicio", advirtió. En los juicios orales, el detenido es inocente hasta que se demuestre lo contrario; y "uno tiene que llegar con pruebas periciales contundentes para ganar el juicio, pero la parte más débil es la policía que no está capacitada", agregó el experto.

El abogado aseveró que esta situación viene a acentuar el nivel de impunidad en el estado, donde sólo se castiga el 2 por ciento de los delitos, y los que sí se castigan van enfocados a la población pobre.
El experto reiteró que el nuevo sistema debe estar enfocado en la protección de los derechos humanos y una correcta asesoría a las partes.

"Sabemos que el gobernador Juan Manuel Carreras es doctor en derecho y es consciente del asunto; sabe que en México los temas pendientes son la justicia y la corrupción. Son temas sensibles y es un gran trabajo a realizar, pues el gobierno federal ha anunciado que no habrá ampliaciones del plazo.

"Hay estados que ya van avanzados en esto como Nuevo León, Yucatán, Chihuahua, Oaxaca y Guanajuato, ya van encaminados."

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