QUERÉTARO, Qro.— En 2009, la anterior administración estatal tuvo que salir al rescate financiero de 17 de los 18 municipios queretanos. Para este propósito se destinaron 163.5 millones de pesos, los cuales sirvieron para estabilizar sus finanzas, y saldar deudas con proveedores, contratistas y el fisco.
Ésta es una historia que se repite cada tres años, cuando los nuevos alcaldes reciben administraciones endeudadas y sin recursos.
Para algunos gobiernos que terminaron su periodo en septiembre de 2009, la inyección de recursos no resolvió sus problemas. El caso más representativo fue el del municipio de Querétaro, que enfrentaba adeudos con proveedores y contratistas por 200 millones de pesos, y al no tener recursos cayó en suspensión de pagos. Además tenía una plantilla laboral gruesa, y para reducirla destinó 200 millones.
En noviembre de 2009, el gobierno estatal hizo un préstamo por 400 millones de pesos al municipio capitalino, mismos que se pagaron en diciembre de ese año debido a que la administración municipal contrató un crédito por 400 millones.
Este caso llevó a la inhabilitación de dos funcionarios, el extesorero Miguel Martínez Moyano y la exsecretaria de Administración, Yolanda Sánchez Barraza, que pertenecían al gobierno del alcalde panista Manuel González Valle. Aunque no se detectó desviación de recursos, aplicaron el presupuesto sin planeación y permitieron gastos excesivos.
En los años recientes, en el estado de Querétaro, ningún exalcalde o exfuncionario responsable del manejo de recursos ha sido encarcelado por irregularidades cometidas durante su gestión, y las sanciones más severas que se han implementado son inhabilitaciones administrativas.
Otro ejemplo es el del exalcalde de Huimilpan, Lucio Fajardo Orta, quien de acuerdo con la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) desvió dos millones de pesos para hacer inversiones bancarias, que finalmente resultaron en pérdidas. Los recursos estaban etiquetados para combatir la pobreza.
Además se pagó vacaciones por 111 mil pesos con recursos públicos; regaló 250 mil pesos a un familiar suyo, y dio bonos por 30 mil pesos a exfuncionarios. Dichas irregularidades están siendo analizadas en el Congreso del estado para determinar si se iniciará un procedimiento administrativo o penal.
De acuerdo con la ley vigente, la ESFE no tiene facultades para sancionar irregularidades, y esa labor queda en manos de las mismas autoridades municipales.
En Peñamiller, otro de los municipios más pobres del estado, el exedil Manuel García Leal otorgó, con recursos del presupuesto, préstamos por dos millones 295 mil pesos a siete regidores y cuatro funcionarios.
En San Joaquín, el expresidente municipal Timoteo Martínez dio prerrogativas fuera de la ley a sus regidores por 183 mil pesos, para que se pagarán rubros personales.
En Arroyo Seco, la ESFE detectó que el exalcalde Mariano Palacios Trejo desvió un millón 354 mil pesos, presumiblemente para que la gente votará por su partido, el de la Revolución Democrática (PRD).
Durante la actual administración estatal no se ha dado un rescate financiero masivo de municipios, pero ha adelantado participaciones a los ayuntamientos para que puedan cerrar sus periodos fiscales.
Los municipios que terminaron el trienio 2009–2012 con problemas financieros fueron Jalpan, Tequisquiapan, Colón, Cadereyta, Pedro Escobedo, El Marqués y Corregidora, esto según la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado.
En Jalpan aún no se resuelven los problemas, pues en agosto pasado el alcalde priista Saúl Trejo Altamirano informó que no tenía liquidez, lo que generó adeudos por dos millones de pesos. Para resolver la problemática impuso un paro técnico.
En Corregidora, la actual administración encontró deudas con proveedores y contratistas por 100 millones de pesos, según denunció el alcalde Antonio Zapata Guerrero. También se tenían adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que fueron condonados.
Para resolver la falta de liquidez, el municipio contrató este año un crédito por 86 millones de pesos.
En El Marqués, el actual gobierno interpuso una denuncia en contra el expresidente municipal, Martín Rubén Galicia Medina.
La contralora municipal, Leonor Hernández Montes, precisó que el gobierno local anterior realizó contratos con las cajas populares Gonzalo Vega y Alianza, para que otorgaran créditos a burócratas municipales. Aunque el municipio descontó el dinero directo de nómina, no realizó la totalidad de los pagos, lo que generó un saldo pendiente por 3.1 millones de pesos. El caso concluyó con la inhabilitación de Galicia Medina.
En Colón, la administración 2009-2012, sin el aval de la Legislatura, contrató un crédito por 15.9 millones de pesos para realizar el pago de aguinaldos, impuestos y deudas con proveedores. Este empréstito tampoco se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para evitar sanciones más severas, los mismos integrantes del ayuntamiento se autosancionaron.