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Empresarios leoneses, cansados de la corrupción en las Julcas

El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) afirmó que en los últimos años, todas las compañías que iniciaron procesos ante en las Juntas de Conciliación y Arbitraje (Julcas) han enfrentado serias consecuencias derivadas de las graves deficiencias que existen en la impartición de justicia laboral.

LEÓN, Gto.— El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) pidió al gobierno del estado la reestructuración de la Subsecretaría del Trabajo y de sus directivos, ya que, aseveró, carecen de experiencia, son deficientes en la aplicación de criterios jurídicos y están corrompidos.

El organismo empresarial afirmó que en los últimos años, todas las compañías que iniciaron procesos ante en las Juntas de Conciliación y Arbitraje (Julcas) han enfrentado serias consecuencias derivadas de las graves deficiencias que existen en la impartición de justicia laboral, lo que ha generado detrimentos económicos y la pérdida de cuatro mil empleos anuales.

La Comisión Laboral del CCEL señala que en las Julcas se han enfrentado con casos de corrupción, procesos defectuosos, deficiente aplicación de criterios jurídicos y bajo desempeño de los funcionarios.


"Hacemos un llamado al gobierno del estado para que juntos recuperemos esa justicia laboral que tanto nos hace falta, para tener empresas más competitivas y más y mejores empleos", señaló el líder de los empresarios, Gustavo Guraieb.

Destacó que el impacto económico para las empresas es muy significativos, y "por dar un ejemplo, si para una empresa su nómina representa el 20 por ciento de su costo total, con una mejor justicia laboral este rubro costaría el 15 o 16 por ciento".

Agregó que aunque el impacto parece mínimo, un mejor clima laboral reduciría también la rotación, mejoraría la productividad y la calidad en los productos, ya que "no se pagaría por juicios mal llevados e inflados por horas extras y salarios caídos".

Entre las peticiones hechas al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, están un cambio en los perfiles de la Subsecretaría de Trabajo, la Dirección del Trabajo y la presidencia de la Junta Número 2 de León; así como la instalación de una Agencia del Ministerio Público dentro de la Julcas para presentar en tiempo y forma las denuncia que se genere en el lugar.

El gremio empresarial dio un plazo de tres meses para que se cumplan dichas acciones.

La iniciativa del CCEL estuvo respaldada por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) locales, así como por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

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