El dilema de las jubilaciones

En fechas pasadas, los diputados que integran la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, en varias sesiones de pleno tomaron la decisión de rechazar las solicitudes de jubilación de algunos burócratas. Dichas solicitudes fueron turnadas a los diputados por conducto de las áreas de recursos humanos de diversos municipios y dependencias, que decidieron dar trámite a las mismas, y aprobar, para los trabajadores, una prejubilación cuya consecuencia era, en expectativa, que la legislatura validara dicha solicitud.

El argumento para justificar el rechazo a las mencionadas jubilaciones atiende a que los solicitantes no cumplen, a dicho de los diputados, con el requisito de edad que desde el año 2015 se incorporó a la legislación burocrática local, es decir, 60 años cumplidos, tal como fue establecido en el artículo 136 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

Cabe señalar que antes de la modificación al referido artículo 136, la ley burocrática local no señalaba requisito de edad y únicamente exigía que el trabajador contara con 30 años de servicio.

Contrario al criterio de los diputados, los diversos municipios y dependencias que aprobaron la prejubilación, observaron los convenios laborales celebrados con los sindicatos de burócratas, en cuyos textos se prevé que los trabajadores que cumplan con ciertos años de servicio, independientemente de su edad, tienen derecho a la jubilación, estos convenios laborales se derivan de los logros que históricamente han obtenido los sindicatos, en beneficio de sus agremiados, los burócratas queretanos.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los convenios colectivos deben prevalecer aún por encima de la ley, por tratarse de beneficios más favorables para los trabajadores.

Entonces, ¿cuál fue la razón para que los diputados queretanos decidieran sostener su negativa a conceder las jubilaciones, desconociendo estas convenciones colectivas?

La respuesta obviamente atiende a cuestiones económicas, pues también es un hecho conocido que el gasto burocrático abarca rubros muy amplios en todos los presupuestos gubernamentales. Entonces, los diputados ponderaron el criterio que debería prevalecer, o pagar jubilaciones o destinar el pasivo burocrático hacia otros rubros, decidieron lo segundo.

Consideramos que la elección de los diputados no se ajusta a los principios de derecho social, pues la afectación la sufre un sector de la sociedad cuyos miembros destinaron gran parte de su vida al servicio del gobierno, estatal o municipal, con la expectativa de acceder a su jubilación al cabo de ciertos años de servicio.

Por lo pronto, los burócratas cuya jubilación fue rechazada, decidieron acudir a jueces federales, a fin de que se reconozca su derecho a la jubilación, sin embargo, por ahora, aún no disfrutan de ese derecho.

Esperemos que las sentencias que dicten los jueces federales sirvan para sensibilizar a los diputados queretanos, pues privar a un trabajador de su derecho a la jubilación de ninguna manera puede justificarse bajo ningún argumento.

* Catedrático Universidad Mondragón México, Licenciatura de Derecho

leonel.rojo@mondragonmexico.edu.mx