El oficial mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Marcelo López Sánchez, compareció este sábado como testigo ante la Fiscalía General de Querétaro por procedimientos en curso referentes a la anterior administración estatal.
López Sánchez, quien durante el gobierno de José Calzada Rovirosa –actual titular de la Sagarpa- se desempeñó como secretario de Desarrollo Sustentable, afirmó que su presencia en las instalaciones de la fiscalía respondió a que colabora en un expediente abierto y no a una orden de presentación, versión que inicialmente se manejó en medios locales.
"Estoy colaborando con el gobierno del estado en un expediente. No puedo dar muchos detalles porque es una investigación abierta, pero comparezco en calidad de testigo en un procedimiento que tiene la fiscalía y como denunciante", declaró.
En marzo pasado el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) pidió a López que hiciera algunas aclaraciones de información relacionada con la dependencia, posterior a lo cual el funcionario federal presentó una denuncia ante la Fiscalía General del estado.
"Yo hice una denuncia en contra de quien resulte responsable por un procedimiento que inició la procuraduría; hoy vengo a ratificar mi denuncia y a darle seguimiento al procedimiento que inició la fiscalía. En ningún momento en calidad de presunto responsable", detalló.
E insistió: "no tengo ningún procedimiento como posible responsable ni vengo en calidad de presunto responsable sino únicamente estoy colaborando con la fiscalía en un procedimiento como testigo."
Días atrás el contralor de Querétaro, Alejandro López Franco, dio a conocer que al menos 16 excolaboradores de la anterior administración estatal han sido llamados a declarar a la fiscalía por supuestos manejos indebidos de recursos públicos.
Ello luego de que en abril pasado se detectaran daños a las finanzas públicas estatales por más de 14 millones de pesos, esto como parte de las auditorias que se llevan a cabo desde la Contraloría del estado luego del proceso de entrega-recepción.
"Dentro del avance hemos solicitado la declaración de algunos de los funcionarios que posiblemente están involucrados en algún manejo incorrecto de los recursos; es nuestra obligación dar vista de ello a la fiscalía para que determinen si hubo una comisión de delito y que se establezcan las consecuencias", indicó el encargado de la Contraloría.
Dentro de las investigaciones se encuentra el uso de documentación falsa para trámites de jubilaciones, así como para la operación ilegal de una gasolinera en la Zona Metropolitana del estado.
De igual forma se investiga la supuesta manipulación y alteración de bases de datos y la venta ilegal de inmuebles propiedad de gobierno del estado.