Marcela Ojeda
A partir del primero de enero de 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá atribuir responsabilidad penal a quienes den servicios de asesoría o planeación fiscal que culminen con la ejecución de esquemas ilícitos, o que impliquen el incumplimiento de obligaciones fiscales.
Así, alrededor de cuatro mil 500 asesores fiscales de todo el país están preocupados ante esta facultad de la autoridad fiscal para determinar su culpabilidad en la comisión de delitos fiscales.
"Quienes nos dedicamos al área fiscal corremos el riesgo de que en cualquier momento, para la autoridad fiscal, seamos los autores intelectuales de actos de defraudación fiscal. Nos han criminalizado", consideró el presidente de la Asociación Nacional de Fiscalistas (ANAFINET), Sergio Aguilar.
En el Código Fiscal de la Federación (CFF) se establece que "cualquier profesionista que sugiera o efectúe cualquier mecanismo, por sí o por interpósita persona, que implique la omisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, podrá ser sancionado incluso con prisión".
En el caso específico de los contadores públicos señala que se podría aplicar la suspensión de su registro por tres años, cuando en el dictamen de estados financieros que deben elaborar no observen la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente, por el periodo que cubren los estados financieros dictaminados.
Esto, "cuando dichas omisiones se vinculen al incumplimiento de las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del contador público, el trabajo que desempeña, y la información que rinda como resultado de los mismos, y siempre que la omisión de contribuciones sea determinada por las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mediante resolución que haya quedado firme".
En este contexto, Aguilar Rodríguez señaló que los responsables de llevar a cabo lo que los asesores sugieren y quienes toman el riesgo son los empresarios.
"El asesor hace recomendaciones con base en su conocimiento del área fiscal, pero se está criminalizando nuestra labor cuando lo único que hacemos es sugerir; darle un consejo al empresario", insistió.
Sin embargo, el abogado fiscalista de la empresa Firma Jurídica y Fiscal (FJF), Samuel Alejandro García, recordó que los profesionistas que ofrezcan servicios que deriven en la comisión de un delito fiscal también son responsables.
"La reforma al CFF incluye la responsabilidad penal de profesionistas como abogados, contadores o (agentes) financieros que al desarrollar sus actividades propongan, establezcan o lleven a cabo actos de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal.
"Las omisiones profesionales también serán sancionadas penalmente si a partir de ellas se comete un delito", enfatizó.
Por su parte, Pablo Puga, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), indicó que es preocupante que en términos generales, en la reforma al CFF y en la reforma fiscal en general, la definición de muchos conceptos se está dejando en manos de la autoridad.
"La reforma establece principios, reglas y obligaciones, pero en cuanto a la definición de muchos temas se está dejando que la autoridad, mediante reglas de carácter general, los defina posteriormente en la miscelánea. Eso puede ser lógico y válido en ciertos casos, pero nos parece un exceso ahora, de lo que se llama cláusulas habilitantes el delegar, la propia Ley, a que las autoridades definan muchos conceptos".
Puede ser en perjuicio de principios fundamentales o de garantías como seguridad jurídica o de legalidad en muchos temas que tendrían que estar definidos en la propia ley y que van a quedar a la discrecionalidad de cómo los defina la autoridad en su momento, concluyó Puga Vértiz.
Archivo