Eduardo Ortega
En los 6 años del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, la Secretaría de la Función Pública (SFP), aunque ejerció un presupuesto total de 10,044 millones de pesos, sólo denunció penalmente a 213 funcionarios públicos por actos de corrupción. Hoy se mueve como un fantasma.
Señalada por su ineficacia en la lucha contra ese cáncer, el presidente Enrique Peña Nieto propuso al Legislativo eliminar esa dependencia y en su lugar planteó crear la Comisión Nacional Anticorrupción, la cual tiene como objetivo darle al Estado mexicano un órgano con mayor autonomía y con capacidad para combatir la corrupción al interior del gobierno.
La SFP ha sido la encargada del control interno de la administración pública federal, con el objetivo de vigilar que los servidores públicos se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones y sancionar a quienes no lo hacen así.
Encabezada durante la administración calderonista primero por Germán Martínez Cázares, después por Salvador Vega Casillas y, al final, por Rafael Morgan Ríos, la dependencia tiene 32 unidades administrativas, con 1,309 plazas de mando y enlace de alto nivel de responsabilidad, así como 42 plazas de enlace y operativas, haciendo un total de 1,751 plazas, de las cuales sólo 1,495 están ocupadas.
Antecedentes
En el papel, la labor de la SFP ha sido la de promover el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, y de disposiciones legales en diversas materias; dirigir y determinar la política de compras públicas de la Federación y coordinar y realizar auditorías sobre el gasto de recursos federales.
Asimismo, ha sido la organización encargada de coordinar procesos de desarrollo administrativo y gobierno digital; operar y encabezar el Servicio Profesional de Carrera; coordinar la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evaluar la gestión de las entidades, también a nivel federal.
Sin embargo, ante su inoperancia, el propio presidente Calderón planteó al Congreso de la Unión su eliminación para reducir gastos y hacer frente a la reducción presupuestal tras la crisis económica global de 2008 y 2009, medida que no prosperó.
De acuerdo con la propia dependencia, la SFP "combatió" la corrupción de la administración pública federal en el sexenio calderonista, con sólo 200 contralores, cuando debería de existir uno en cada una de las 240 dependencias.
Creada en 1983 en el sexenio del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, la SFP ha tenido otros dos nombres a lo largo de su historia: Secretaría de la Contraloría General de la Federación y Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Uno de los principales pendientes que la administración calderonista heredó al nuevo gobierno es la corrupción que se registra en la licitación y contratación tanto de obra pública como de las compras.
Durante el sexenio pasado, según cifras oficiales, la SFP aplicó sanciones administrativas a más de 49,000 personas en todos los niveles, de los cuales más de 9,500 son funcionarios de alto nivel y casi 2,000 son empresas.
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