Eduardo Ortega
De acuerdo con una autoevaluación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante los primeros seis meses del año, ha tenido un 'bajo' desempeño en materia de inhibición y sanción de las prácticas de corrupción.
La SFP enfrenta una posición 'muy compleja', porque aunque a principios de año el Congreso aprobó la reforma a la Ley de la Administración Pública Federal que establece su desaparición formal, se mantiene en operación a la espera de ser sustituida por una comisión nacional anticorrupción, cuya iniciativa para su creación está en la congeladora legislativa.
Tal situación mantiene a la secretaría encargada del control interno de la administración pública federal en un 'impasse' que sólo le permite cumplir de manera estricta con lo que le marca la ley, pero le impide innovar, transformarse e iniciar proyectos nuevos a la espera de la decisión de los legisladores.
Publicados en su página de internet, los Indicadores de Programas Presupuestarios de la SFP -cuyo responsable del despacho es el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Olivas Ugalde- arrojan que su desempeño oscila entre el nivel 'bajo' y 'medio'.
Además, de lo que cojea la SFP es de la falta de un mecanismo de coordinación y alineación de los trabajos de los órganos de control interno de cada una de las dependencias de la administración pública federal.
Responsabilidad del Congreso
El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, considera que la SFP ha vivido en una especie de "limbo jurídico", porque la sobrecarga de iniciativas en el Congreso de la Unión impide aclarar su situación.
Consultado por EL FINANCIERO, el analista afirma que es fundamental resolverla porque es parte importante de los procesos de auditoría interna del gobierno de la República.
"Necesitamos una reforma en los procesos de control interno que sea menos una lógica de fiscalización administrativa, y (sí) una lógica de rendición de cuentas sobre insumos y resultados de la gestión pública", señala.
De acuerdo con Pardinas, aunque los casos de aprehensión y encarcelación de la exlíder del magistario, Elba Esther Gordillo, y el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, ambos por lavado de dinero, son acciones que van en la dirección correcta, la corrupción que enfrenta el país representa un reto mucho más grande.
El director general del IMCO recuerda que los primeros compromisos que hizo Peña Nieto como presidente electo fueron crear un organismo anticorrupción, reducir la publicidad oficial y reformar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
No obstante, de estos tres temas sólo se ha avanzado en el tema del Ifai, cuya iniciativa de reforma está congelada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En tanto se prepara la desaparición de la SFP, cuya área de las contrataciones públicas pasará a la Secretaría de Hacienda; la del gobierno digital quedará en la Presidencia de la República, y la de responsabilidades pasará al organismo autónomo que llegue a crear el Congreso de la Unión para combatir la corrupción.
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