Fernando Ramírez de Aguilar L.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene varias investigaciones de oficio en curso por casos relacionados con los movimientos y grupos de autodefensa que se han comenzado a conformar en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas, ante los altos niveles de inseguridad.
El primer caso que comenzó a indagar la CNDH es por el grupo de autodefensa conformado por diferentes organizaciones ciudadanas de Ayutla de los Libres, San Marcos y Tecoanapa, entre otros municipios del estado de Guerrero.
Desde hace 21 días, “policías comunitarios” han tomado el control de la seguridad en esos municipios de la Costa Chica, a través de retenes con personal armado, toques de queda y suspensión de clases ante el temor de ser víctimas de la delincuencia organizada. El gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, no sólo los ha avalado sino que los está apoyando con recursos.
La CNDH consideró que la seguridad pública es un derecho humano, constitucional y que está relacionado directamente con el concepto de estado de derecho y de paz pública.
Además, recordó que el artículo 17 de la Constitución establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
El segundo caso tiene que ver con 13 familias indígenas tzotziles que fueron desplazadas del Ejido Chigtón, Chiapas, por indicaciones de las autoridades comunales, al oponerse a acatar decisiones arbitrarias, como manifestaciones públicas en diversas vías de comunicación y hacer guardias policíacas.
Los integrantes del comisariado ejidal les suspendieron servicios, como el acceso al agua potable, a la clínica de salud, a los apoyos federales, estatales y a las escuelas. Además, los golpearon, los despojaron de sus parcelas y los expulsaron de su comunidad, por lo que pusieron en conocimiento de las diversas autoridades estatales esos hechos.
El tercer caso que investiga la CNDH, es un expediente de queja con motivo de los hechos violentos que se suscitaron entre comuneros de Santa María Ostula y pequeños propietarios de “La Placita”, pertenecientes al municipio de Aquila, Michoacán.
Los quejosos manifestaron que entre el 6 de octubre y el 6 de diciembre de 2011, ocurrieron diversos homicidios y la desaparición de varios ejidatarios, sin que a la fecha se hayan ejercido las acciones penales correspondientes ni se hayan logrado restablecer la paz y el orden públicos.
Destacaron, el homicidio del activista indígena Pedro Leyva Domínguez, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, comunero de Santa María Ostula, al igual que la desaparición de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel, pertenecientes a esa población.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos sobre la presunta violación a los derechos humanos, la CNDH acudió al municipio y zona en conflicto donde solicitó información a las autoridades federales, estatales y municipales, a fin de conocer los antecedentes del asunto y allegarse de las constancias que permitan conocer la verdad de estos lamentables hechos.
Por lo anterior, la CNDH considera urgente que las autoridades, federales y estatales impulsen mecanismos que permitan la atención y protección de la población y garanticen su seguridad a plenitud.
La CNDH consideró urgente que las autoridades federales, estatales y municipales, impulsen mecanismos que permitan la atención y protección de las familias afectadas, y en general de la población indígena desplazada del país para garantizar su seguridad.
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