Pese a que contó con un presupuesto de 2 mil 121 millones 56 mil 400 pesos, el Instituo Nacional de Antropología e Historia no desarrolló, en 2012, un modelo de conservación integral de los bienes arqueológicos e históricos, apoyado en una política que los vincule con la sociedad civil.
Así lo afirma la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al realizar la fiscalización de la Cuenta Pública 2012 de la administración de Alfonso de Maria y Campos como director. La ASF confirma que la información presentada por el INAH en los principales documentos de rendición de cuentas no es suficiente para determinar si cumplieron objetivos y metas relacionados con la protección, conservación y restauración del patrimonio arqueológico e histórico de México.
El órgano fiscalizador detalla que de las 187 zonas arqueológicas abiertas al público, sólo 41 cuentan con planes de manejo y las 146 restantes carecen de estos mecanismos de protección. Esta situación empeora en los 121 museos del INAH, ya que ninguno tiene ni siquiera una guía para dirigir, organizar y regular la ejecución de estrategias, proyectos y actividades encaminadas a su protección integral, uso responsable y manejo racional.
También detecta que, en 2012, el INAH recibió 212 denuncias -que canalizó a la PGR- por robo de bienes arqueológicos, de las cuales 128 permanecen como casos abiertos y 84 concluyeron su averiguación con la recuperación de nueve piezas prehispánicas. En cuanto al patrimonio histórico, se presentaron 193 denuncias por hurto, de las cuales 95 permanecen abiertas y 98 terminaron con el rescate de cinco bienes. La ASF asevera que el INAH no realizó acciones de coordinación con las comisiones de arte sacro que operan en el país para la salvaguarda de este patrimonio y tampoco se coordinó con asociaciones civiles, juntas vecinales y uniones de campesinos, con el fin de que funjan como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación.
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