Sociedad

Veracruz propone tipificar delito de desaparición forzada

El gobernado César Duarte envió al congreso la iniciativa que establece como desaparición forzada cuando un servidor público realice, ordene, autorice y consienta sobre la detención o privación de la libertad de una persona.
Itzel Villa /Corresponsal
03 junio 2014 20:14 Última actualización 03 junio 2014 20:15
[Cuaroscuro]  El ex alcalde de Villa Corona, Jalisco, fue detenido junto con su hijo.

[Cuaroscuro]  El ex alcalde de Villa Corona, Jalisco, fue detenido junto con su hijo.

JALAPA.- El Congreso del estado de Veracruz recibió una propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa para tipificar el delito de desaparición forzada en la entidad e incluirlo en el Código Civil, la cual fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis.

De ser aprobada la tipificación de este delito, Veracruz se uniría a la lista de entidades como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí que contemplan a la desaparición forzada como un delito. En el caso de los estados de Guerrero y Chiapas, se derogó el delito de su código penal para crear una ley específica al respecto que contempla medidas para su prevención y sanción.

En el caso de que la propuesta fuera aceptada por los legisladores veracruzanos, se colocaría dentro de los delitos cometidos por servidores públicos debido a que es un crimen que sólo pueden cometer funcionarios públicos que se encuentren en el desempeño de sus actividades.

La iniciativa estipula como desaparición forzada que un servidor público realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona. También lo comete el servidor público que oculte o retenga dolosamente a la víctima, omita informar acerca de la detención o privación de la libertad de la persona, se niegue a reconocerla, rechace proporcionar cualquier dato que pueda aportar acerca de la detención, privación de la libertad o el lugar donde se encuentre la persona, o que brinde información falsa sobre la detención, retención o paradero de la víctima.

La propuesta entregada por Duarte de Ochoa plantea una pena de entre 10 y 30 años de prisión, una multa que podría ir entre los mil a 4 mil días de salario y la inhabilitación definitiva de la función pública para cualquier servidor que incurra en la desaparición forzada.

Además, comprende castigos para particulares que participen dentro de la configuración del delito de desaparición forzada. Estas penas van de los 10 a los 25 años de cárcel, además de una multa de entre 500 y 2 mil días de salario.