Sociedad

Una década de descomposición detonó conflicto en Iguala: Peña

El narcotráfico encontró un campo fértil en Guerrero para su acelerado desarrollo que, sumado a un empobrecimiento generalizado, sumó las condiciones que llevaron al caso Iguala, señala el presidente Enrique Peña, a través de la respuesta oficial enviada al Senado sobre su Segundo Informe de Gobierno.
Redacción
14 diciembre 2014 22:13 Última actualización 15 diciembre 2014 5:0
(Cuartoscuro)

Desde el caso Iguala, las manifestaciones y la violencia se han disparado en Guerrero. (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Enrique Peña Nieto envió la respuesta parlamentaria a las preguntas que los senadores enviaron como parte del Segundo Informe de Gobierno. En específico, los grupos parlamentarios del PAN y PRD cuestionaron el actuar del Ejecutivo federal en los casos de Iguala y Tlatlaya, la respuesta fue en el sentido de que se ha hecho lo correcto.

El caso de Iguala –explica el documento de 129 cuartillas enviado a la Cámara Alta– surge en un contexto socio-político que “muestra claros síntomas de una grave crisis de seguridad que se manifiesta en la ausencia de controles de seguridad pública, judiciales, de combate a la corrupción, por mencionar los más evidentes; una crisis que altera la normalidad en la vida cotidiana y en el desempeño institucional, elevando la tensión entre sociedad y gobierno a un nivel de suma fragilidad”.

Desde hace más de una década –detalla el Ejecutivo federal– colapsaron los medios de control del orden público de que se servía el Estado. “El narcotráfico, ya presente desde los años 60, encontró un campo fértil para su acelerado desarrollo en un amalgama multifactorial de descomposición institucional: una amplísima tendencia a la corrupción en las fuerzas policiales; que se sumó a un empobrecimiento acelerado y generalizado de la sociedad”.

Tal es el contexto en el que suceden los hechos de Iguala, en los que policías al servicio de la delincuencia organizada atacaron a estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, dando muerte a seis personas, para después perseguir y secuestrar a 43 estudiantes normalistas a quienes hasta la fecha mantienen desaparecidos, indica el documento, que destaca que el Gobierno federal “ha emprendido acciones contundentes para conocer la ubicación de los estudiantes, brindar atención a las víctimas e impartir justicia a partir de la verdad de los hechos”.

En el caso Tlatlaya, la Presidencia afirmó que “una vez que se llevó a cabo la investigación correspondiente, la PGR determinó ejercitar acción penal en contra de los tres elementos de tropa, por los delitos de homicidio calificado y encubrimiento en su modalidad de modificar ilícitamente el lugar de los hechos”.

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