CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal dio la razón al gobierno de la ciudad de México en el caso del predio de El Encino y liberó a la administración capitalina de la pretensión de la empresa Promotora Internacional Santa Fe de construir un acceso al terreno en cuestión.
En mayo de 2013, el gobierno capitalino pagó aproximadamente 95 millones de pesos para dar cumplimiento a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de agosto de 2011.
Dicho pago se dio debido a que la expropiación fue considerada inconstitucional, pero ante la imposibilidad de regresar el terreno, se determinó que el gobierno pagara dicha suma por concepto de daños y perjuicios.
A pesar del pago, la empresa propietaria del predio promovió entonces un "Incidente innominado" con la finalidad de que "…el Gobierno del Distrito Federal realice y financie las obras necesarias para estabilizar los taludes que provocó en las superficies no afectadas del predio El Encino al construir las vialidades (…), así como la realización de los accesos a la superficie del predio mencionado."
Con su recurso, pretendía que se le pagaran, de forma adicional a los 95 millones de pesos ya cubiertos, otros 160 millones de pesos.
Ante la inconformidad del gobierno de la ciudad, el caso fue presentado ante el Juez Noveno de Distrito, el cual, el 27 de septiembre de 2013, resolvió que no había lugar a requerir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a realizar las obras mencionadas.
El caso escaló y el 2 de mayo, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió en definitiva en el mismo sentido, con lo que el asunto se encuentra concluido
Dicho tribunal declaró infundada la pretensión de Promotora Internacional Santa Fe, SA de CV, de que el Gobierno de la ciudad construyera accesos al predio y le estabilizara taludes.
El caso de El Encino data de noviembre de 2000, cuando el gobierno local expropió 2 fracciones de terreno del predio para destinarlas a la apertura y construcción de la continuación de las vialidades Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, lo cual fue declarado posteriormente inconstitucional.