CIUDAD DE MÉXICO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, dijo que la tortura y los malos tratos son prácticas impropias de un Estado de Derecho, pues al ejecutarla, se violenta el derecho a la integridad personal, "cuyo contenido se desprende, directamente, de la dignidad humana, que es fundamento de los derechos humanos".
Al presentar el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, el ministro presidente señaló que "el derecho a la integridad personal conlleva la prohibición de infligir tortura y malos tratos a las personas".
Por ello, es que consideró que la norma que se presentó este martes, es de "carácter absoluto e inderigable". Asimismo recordó que desde hace 20 años, diferentes organismos internacionales de los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano pertenece, han sostenido la existencia de la tortura en nuestro país.
Sin duda alguna, dijo, el México legal tiene grandes avances en el reconocimiento de los derechos humanos en nuestras normas, sin que ello suponga desconocer la existencia de pendientes legislativos.
Y reconoció que "es en el México real donde encontramos los mayores retos para que los derechos humanos reconocidos en nuestro sistema jurídico sean precisamente eso: una realidad".
Silva Meza destacó que el protocolo propone orientaciones para la labor judicial en dos sentidos: para la investigación y sanción de hechos constitutivos de tortura y tratos crueles, y para la prevención de estas prácticas.
"Nuestra intención no es otra más que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prácticas que sólo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades", dijo.
El documento, explicó el ministro, "no se limita a casos de tortura, comprende otros delitos o malos tratos relacionados (como encubrimiento, intimidación o cohecho) toda vez que el delito de tortura suele ir acompañado, precedido o secundado por otros ilícitos penales y violaciones a los derechos humanos que constituyen su campo de cultivo".
Asimismo, indicó que el protocolo, que se pondrá a disposición de mil 250 jueces y magistrados federales, así como de 800 defensores públicos, contiene reglas de actuación dirigidas principalmente a jueces de procesos penales en casos de tortura y delitos conexos que lleguen a su conocimiento
También contempla orientaciones para jueces de procesos penales, de ejecución penal y amparo y los del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, para contribuir a garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas de tortura.
Además propone diversas acciones para prevenir la incidencia de hechos de tortura y malos tratos, en una doble vertiente: por un lado, para no convalidar ni incentivar violaciones a los derechos humanos utilizando insumos obtenidos mediante la tortura o malos tratos, y, por el otro, realizando acciones destinadas a fomentar una cultura de los derechos humanos dentro y fuera del ámbito judicial, puntualizó.
Este protocolo es el séptimo de la serie de instrumentos elaborados por la Suprema Corte que pretenden ofrecer pautas de actuación a los juzgadores del país en asuntos que involucren derechos humanos de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.