Taxistas concesionados del Distrito Federal denunciaron pérdidas de hasta 24 millones de pesos diarios por la competencia desleal que significan los taxis piratas en la capital.
En conferencia de prensa, diferentes agrupaciones de taxistas regulares emplazaron al gobierno de Miguel Ángel Mancera a actuar en dos semanas contra las seis formas de pirataje detectadas en la ciudad de México.
Además, exigieron la entrega de las placas que han sido reportadas como robadas.
De no responder satisfactoriamente a la demanda, los taxista advirtieron que se movilizarán en la ciudad.
Los inconformes acusaron un padrinazgo y complicidad por parte de las autoridades capitalinas a favor de los servicios irregulares de transporte de pasajeros en la ciudad.
"Resulta más ventajoso traer un taxi pirata que un taxi regular. El transporte concesionado tiene una calidad más alta, cuenta con seguro para el pasajero y tiene una carga fiscal de la que están exentos los piratas", aseguró Ignacio Rodríguez, presidente de la Asociación de Taxistas Regulares del DF, quien criticó la protección que desde el gobierno reciben organizaciones como Los Pantera y particulares que ofrecen servicio a través de las aplicaciones Uber y Cabify, contraviniendo las mismas normas formuladas por el gobierno.
Rodríguez alertó sobre la impunidad con la que operan las aplicaciones telefónicas que no están reconocidas por la ley, que no cuentan con padrón y no ofrecen garantías reales sobre la protección del usuario.
"Es un fomento a la informalidad y a la inseguridad, porque no hay ningún padrón en el gobierno para que el usuario tenga la garantía de tener un transporte seguro", acusó.
El pirataje que denunciaron lo clasificaron en seis rubros: el rural, que prestan con vehículos muy antiguos y sin señalización en delegaciones colindantes con municipios del Estado de México y zonas altas del Distrito Federal; el cromatizado que usa placas particulares tanto del Estado de México, otros estados o del Distrito Federal, como el grupo Pantera y otros, los cuales, acusaron, son impulsados desde las estructuras de gobierno o corrientes políticas, como grupos clientelares.
Además, el taxi ejecutivo, sin cromática ni placas de taxi; los moto taxis, bici taxis y golfitaxis, que son con carros de golf habilitados para el servicio de taxi; el taxi ejecutivo Metropolitano con placas particulares y las aplicaciones como la estadounidense Uber y la española Cabify.
Los taxistas inconformes exigieron al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, terminar con todas las acciones que hoy día merman sus ingresos y solicitaron que envíe de inmediato a la Asamblea Legislativa una iniciativa para frenar la existencia de las aplicaciones como UBER y Cabify, que incumplen con los ordenamientos para el transporte de pasajeros, como lo han demostrado en otros países como Alemania, Francia, España y Colombia.
Pidieron operativos contra todas las formas de pirataje taxista; que se concluya el trámite de reposición de placas de las unidades que les han sido robadas, para evitar la extorsión a nivel megalopolitano; y se mantengan vigentes las concesiones actuales para que no se pierda su historial luego de haber sufrido el robo de sus unidades.
Demandaron que en tanto no exista certeza jurídica y ordenamiento del transporte, tampoco se abra la concesión del llamado taxi metropolitano.