PUEBLA.- La Secretaría de la Función Pública (SFP), de manera coordinada con las contralorías estatales, llevarán a cabo una serie de acciones para transparentar el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, impulsado por el Gobierno de la República.
Lo anterior como parte de los compromisos a los que se llegaron en la Séptima Reunión Nacional de Contraloría Social que tuvo lugar en este estado, donde el encargado de despacho de la dependencia, Alfonso Olivas Ugalde, mencionó que se requiere de mayor apoyo de los gobiernos locales para cumplir con dicho objetivo.
"Nos ha quedado muy claro que este programa de gran contenido social requiere de transparencia y rendición de cuentas. Aquí nos llevamos el compromiso de que se harán las revisiones que sean necesarias, y que vamos a hacer transparente este programa del Presidente Peña Nieto", señaló el funcionario durante la clausura del evento.
Dicha estrategia del gobierno federal, involucra el trabajo coordinado de nueve secretarías de Estado, para llevar a cabo acciones en municipios y delegaciones donde se ejercen recursos de apoyo municipal para la seguridad.
El tema central del encuentro que reunió a los representantes de las 31 entidades del país y del Distrito Federal, fue verificar los avances que existen de la figura del contralor social, el cual se encarga de supervisar la aplicación correcta de los recursos públicos federales en obras que se llevan a cabo en diferentes estados de la República.
En este sentido, Olivas Ugalde reconoció que es necesario mejorar la normativa que regula la actividad, ya que se requiere mayor capacitación de los contralores sociales y un involucramiento más profundo de las autoridades municipales en todo el país.
Dijo que es de destacar que cada día se involucra un mayor número de mujeres en las actividades de la contraloría social, lo que ha permitido erradicar el problema de género que existía con anterioridad.
En el acto de clausura intervino el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien puntualizó que las autoridades federales, estatales y municipales cuentan con menos recursos que los se requieren para atender las necesidades de la población, por lo que deben priorizar las obras, ejercer los recursos de manera honesta y transparentar la aplicación del recurso público.