TIJUANA. El secretario de gobierno de Baja California, Guillermo Trejo Dozal, pidió licencia a su cargo, después de filtrarse a los medios de comunicación el expediente que contiene una orden de aprehensión en su contra por un delito fiscal.
El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, informó la tarde del lunes que aceptó la solicitud, a efecto de atender la investigación de parte de la autoridad hacendaria en contra la empresa Latinos Servicios de Salud y/o Latin Health Care, en la cual se vio involucrado Trejo Dozal por haber sido socio hasta el año 2011.
De acuerdo al expediente la orden de aprehensión fue girada por un juez federal en contra del número dos del gobierno estatal y otros dos socios de una empresa perseguida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por realizar operaciones activas de seguros sin autorización federal.
La orden se emitió desde el 31 de enero pasado por Pedro Jara Venegas, Juez Sexto de Distrito en Baja California; concluye que se acreditan los agravios denunciados por Flavio Carlos Valadez en su carácter de director general de Delitos Financieros y Diversos de la SHCP.
El propio titular de Hacienda, Luis Videgaray, solicitó al ministerio público federal ejercer la acción penal al encontrarse los elementos que configuraron la comisión del delito de "operaciones activas de seguros" sin el permiso correspondiente, una franca violación de lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de seguros.
La penalidad, de acuerdo al código de la materia, establece de 3 a 5 años de prisión y de 1 mil 500 a 5 mil salarios mínimos, al concluirse la responsabilidad de los involucrados que facturaron 4 millones 679 mil 226 pesos de pagos de primas por servicios médicos al amparo de trece contratos que muestra la fiscalía federal en la orden de aprehensión.
La justicia federal persigue a los socios de la empresa antes mencionada por medio de sus representantes, Raúl Ernesto Garnier Capillo, Gilberto Sing Hurtado, ambos en su calidad de presidente, así como a Guillermo Trejo Dozal, secretario del Consejo de Administración y José Fernando Moncada González, representante legal.
La orden de aprehensión 21/2014 concluye que los socios de la empresa prestaron servicios como aseguradoras sin tramitar la autorización correspondiente. La querella, en virtud de diversos contratos suscritos con empresas enumeradas en la orden de aprehensión, fue sin constituirse legalmente ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Las empresas contratadas, algunas de ellas citadas por el ministerio público federal para que rindieran declaración testimonial fueron: Poiriez Properties, Interiores Aéreos, Aisling Industries Corp, Valley Spreader inc, Internacional Managment Services, Suterm Sección 83, Honeywell Turbo Technologies, Instituto Salvatierra, Furukawa de México S.A. de C.V., Derbis, Grupo García Montaño, Ochoa y Asociados S.C. y Panasonic Electric Works Mexicana S.A. de C.V.
PRECISIONES
El secretario de Gobierno, Guillermo Trejo Dozal, realizó una serie de precisiones con relación a la orden de aprehensión en su contra la cual tiene que ver con su participación en la empresa Latinos Servicios de Salud S.C. Y/O Latino Health Care.
Desde el 2011 dejó de pertenecer a la sociedad antes mencionada. Es un tema de interpretación jurídica donde la autoridad argumenta que hay un negocio que opera como venta de seguros y fianzas cuando en realidad se trata de servicios médicos a bajo costo.
La empresa nunca vendió seguro alguno. Sus socios y él hicieron una consulta legal con un perito de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en el cual se determinó que sí era factible la prestación de este servicio de consultas a bajo costo y que no tenía relación alguna con ventas de seguro.
La supuesta irregularidad que ellos mencionan es que el fisco considera que su ex empresa vendía seguros sin estar debidamente dada de alta ante el Sistema de Administración Tributaria.
El exfuncionario dijo que está en la mejor disposición de que este asunto se aclare, por ello decidió solicitar licencia a su cargo, decisión que notificó al gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.
Dejó en claro que por un lado estará a la espera de las aclaraciones pertinentes por parte de la autoridad y disponible cuantas veces sea requerido pues señaló estar seguro de que no tiene responsabilidad alguna en esta situación jurídica expuesta.
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