CIUDAD DE MÉXICO. Para evitar que las empresas inmobiliarias vuelvan a violar las normas de construcción, como ocurrió con la Norma 26, con la que las empresas obtenían permisos para edificar vivienda de interés social y terminaban construyendo vivienda de lujo, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que trabajan en la elaboración de las normas 30 y 31 que reemplazarán a la 26 propusieron que sean los notarios públicos los que se encarguen de la detección y denuncia de los desarrolladores que violen la ley.
A pesar de que no es su obligación, los académicos Pablo Beilleure, arquitecto, y Gerardo Gómez Del Campo, abogado, pretenden que ellos sean el filtro en el momento en que se pretenda escriturar un inmueble.
De acuerdo con uno de los siete candados que se proponen, presentados en un taller convocado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para los medios de comunicación, los notarios deberán corroborar que si un edificio se construyó bajo el amparo de las normas 30 y 31, que su valor corresponda a lo que esas normas establecen, de lo contrario, deberán negarse a escriturar, mantener bajo resguardo los documentos probatorios de la violación y dar aviso a las autoridades.
Gómez del Campo explicó que si bien los notarios no son funcionarios públicos, sí están obligados a cumplir con la normatividad vigente en la ciudad, por lo que deberán cumplir con esa obligación de no escriturar inmuebles irregulares y además, dar aviso a las autoridades.
De ser necesario, se deberá establecer en la Ley Notarial, dijo el académico de la UAM, quien reconoció que la vigilancia de las construcciones debería competer a las autoridades en la materia, tanto las delegaciones como el Instituto de Verificación Administrativa del DF (Invea), las cuales deben demostrar "voluntad política" para hacerlo.
Los otros candados, explicaron los académicos, tienen que ver con que el Director Responsable de Obra firme una carta compromiso para no violentar las normas, que sea él la persona bajo la que recaiga cualquier anomalía, que los permisos otorgados a las empresas se publiquen en internet para transparentar el procedimiento y sean los ciudadanos los que vigilen el cumplimiento y que se ejerza acción penal contra quien viole las disposiciones.
Ninguno de estos candados legales estaban presentes en la ahora suspendida Norma 26, por lo que fue fácilmente violada por los empresarios de desarrollos inmobiliarios, quienes empleaban tres modus operandi para ello.
De acuerdo con el análisis elaborado por los expertos, los constructores violaban la Norma 26 cobrando por fuera los acabados de los inmuebles, es decir, entregaban la obra a medias y el complemento tenía un costo adicional para el que lo adquiría, con lo que se superaba el monto establecido para ser considerada vivienda de interés social.
También podían construir departamentos más pequeños de lo establecido y ya que los entregaban, ofrecían fusionarlos para tener una vivienda más grande, pero a mayor costo, y aplicaban una transmisión, es decir, el desarrollador A le vendía al desarrollador B el inmueble al costo fijado por Norma 26 y era el desarrollador B el que, con el edificio ya adquirido, lo vendía a un costo superior por ser vivienda de lujo.
El anteproyecto de las normas 30 y 31, las cuales buscan promover la vivienda de interés social en las delegaciones del centro de la ciudad y densificar en esa misma área con vivienda de interés medio, respectivamente, se mantiene en la fase de consensos entre las autoridades delegacionales y del gobierno del DF, así como con diputados.
Los académicos y los representantes de Seduvi aseguraron que todavía falta que este proyecto sea presentado a los diferentes grupos vecinales para su aprobación.