CUERNAVACA.- La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronunció a favor de la creación de un Banco Nacional de Alimentos que permita regular los precios y hacer frente a los periodos de escasez, así como por la conformación de "agroclúster" como política de estado para abastecer el mercado nacional, como parte del debate y propuestas hechas en diversos foros y reuniones por distintos actores del sector agrario del país, dentro del marco de las reformas al campo mexicano planteada por el presidente Enrique Peña Nieto.
La diputada federal por Morelos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gisela Mota Campo, presidenta de la referida comisión legislativa en San Lázaro, dijo que ambas propuestas que plasman el sentir y pensar del sector agrario del país, serán planteadas ante la comisión especial conformada para la Transformación y Reforma del Campo mexicano, toda vez que la producción de alimentos en todo el mundo es hoy, más que nunca, un problema que repercute a todos los ámbitos de la humanidad.
En entrevista, la legisladora perredista indicó que el Banco Nacional de Alimentos, sería una institución con funciones similares a las de Banco de México, el cual se encargaría del control de los precios, para la adquisición de producto nacional cuando exista sobre oferta o a la venta en casos de que haya escasez.
Dijo que "los Bancos de alimentos son ya una realidad en el mundo y actúan al igual que los Bancos Nacionales, como instituciones de control para garantizar la estabilidad en los precios en los principales productos alimenticios, toda vez que las fluctuaciones mundiales han provocado incluso, riesgos a la seguridad nacional de los países afectados".
Esta institución, explicó, compraría los excedentes cuando haya producción récord de maíz, como ocurrió el año pasado, de manera que los precios no cayeran como fue en este caso y podría ofertarlos cuando por la temporada y los ciclos de producción aumenta su demanda.
De esa manera, señaló, la institución propuesta actuaría tal y como lo hace el Banco de México al retirar moneda nacional del mercado y después ofertarlas a fin de garantizar la estabilidad en los precios de los alimentos.
La legisladora del sol azteca también se refirió a otras de la propuestas recogidas en los diversos foros y reuniones realizadas en el marco de la discusión y debate de la Reformas al Campo Mexicano, la referente al establecimiento en la Ley de Economía y la de Desarrollo Rural Sustentable la prohibición y veda de importación de alimentos en temporada de cosecha.
Lo anterior, expuso, debido a la gravedad de los efectos que esta práctica provoca en la economía de más de 50 millones de mexicanos, por lo que se propone su penalización.
Destaco que estas y otras propuesta contenidas en el documento titulado "Hacia un campo mexicano, autosuficiente, sustentable, justo, solidario y competitivo", será entregado a la comisión en la que participan, senadores y representantes del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se analicen y se tomen en cuenta en el diseño la propuesta de cambio para rescatar al campo mexicano y hacerlo autosuficiente.
Planteó que de acuerdo a los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, es necesario simplificar las reglas de operación de los programas federales de apoyo, "desburocratizar al agro", eliminar requisitos excesivos y garantizar que los pequeños productores también cuenten con respaldo económico, a través de una redistribución del gasto que hasta el momento, acaparan los grandes productores.
La legisladora de izquierda enfatizó que los pequeños productores necesitan mayor apoyo económico, para evitar que vendan sus tierras, las abandonen y migren a las urbes o a otras naciones, puesto que la actividad agrícola en México no es rentable.
Señaló que en el proyecto a presentar, se pide que el Estado apoye hasta con el 90 por ciento de los recursos necesarios a los campesinos más pobres y con 80 y 50 por ciento a los otros productores, dependiendo de su capacidad económica.
Recordó que actualmente, todos los productores deben ceñirse a las mismas reglas de participación, donde quienes tienen solo un título agrario, deben poner la mitad del dinero que sus proyectos requieren, lo que dificulta la inversión para los menos favorecidos.
Por ello, abundó, se propone establecer un Subsidio Directo a la Tasa de Interés, de modo que los productores no paguen más que la cantidad de dinero que solicitan y se les entrega.
También se buscará, dijo, dejar de aplicar el criterio de Buró de Crédito, como condicionante para acceder al apoyo federal y promover un mayor financiamiento por parte de la Banca de Desarrollo.
"Se impulsarán los contratos de compraventa a futuro de bienes agropecuarios y pesqueros con instituciones encargadas de asegurar el derecho a la alimentación, como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, el DIF, entre otros, los cuales se basarán en pagos del 50 por ciento de anticipo y el resto contra la entrega de la producción", refirió.