CIUDAD DE MÉXICO. Como consecuencia de las reformas constitucionales en el tema de los derechos humanos, es indispensable e impostergable que los jueces federales cuenten con las herramientas necesarias para atender las demandas de justicia de las personas con discapacidad y se modifique la cultura jurídica que tradicionalmente ha desconocido sus derechos, entre los que se encuentra no participar en la toma de decisiones que les afectan.
Así lo estableció Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durante la presentación del "Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad", ante académicos y representantes de organismos internacionales.
Silva Meza dijo que las acciones que pretenden adoptarse desde el Poder Judicial Federal, "implican asumir actitudes proactivas dirigidas a generar diversas y benéficas consecuencias, como facilitar a los juzgadores el conocimiento de las necesidades y requerimientos personales, así como el entorno de vida de las personas con discapacidad; sus condiciones específicas e incluso propiciar que los propios impartidores de justicia busquen el apoyo de personal multidisciplinario para resolver adecuadamente litigios concretos".
Agregó que se pretende incidir en la implementación de medidas que garanticen, de manera progresiva, que los órganos de impartición de justicia cuenten con personal debidamente capacitado y entrenado en materia de discapacidad y, por otro, con instalaciones judiciales y servicios accesibles para todas las personas.
El protocolo busca impulsar el reconocimiento de las personas con discapacidad, como sujetos plenos ante la ley y con capacidad jurídica.
El presidente de la Corte dijo que este quinto protocolo que se emite durante su gestión, se puso a disposición del público en una versión electrónica, en braille y audible.
PROCOLO PARA JUECES DE AMERICA LATINA
En este evento, llevado a cabo en la sede de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Silva Meza anunció que esta misma semana presentará en la Asamblea Plenaria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, que se realizará en Santiago de Chile, un Protocolo de Actuación para juzgadores de la región que "tengan en sus manos casos que involucren a personas en especial estado de vulnerabilidad".
Este esfuerzo multilateral, explicó, fue propuesto por México y aprobado en Buenos Aires, requirió dos años de trabajo y contó con la participación de diversos países iberoamericanos. Se basa primordialmente en la experiencia adquirida a partir de la elaboración de los protocolos nacionales.
De esta forma, este esfuerzo iniciado en México –indicó el funcionario judicial-- tiene ya un impacto internacional y colabora con los máximos tribunales de la región para que se desarrolle un diálogo jurisprudencial orientado por la preocupación común de proteger los derechos humanos de las personas de la región, así como de España y Portugal.
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