CIUDAD DE MÉXICO.- El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó que la dependencia decidió la inimputabilidad de Mamá Rosa, fundadora y directora del albergue "La Gran Familia", ubicado en Zamora, Michoacán.
En conferencia de prensa, el titular de la PGR explicó que la determinación de no ejercer acción penal por contra Rosa Verduzco se debió a que sus facultades físicas, cognitivas, intelectuales se encuentran disminuidas debido a su avanzada edad, aunque el funcionario afirmó que declaraciones de los internos de La Gran Familia existen "muchas imputaciones" contra de ella, "sobre todo por golpes".
"Dado la disfunción cognitiva aunado a la avanzada edad que presenta corroborada con la valoración clínica psicológica, se considera que la señora Verduzco presenta síntomas característicos de trastornos de la senilidad, por esta razón, es la razón principal en que los términos de la ley obliga a esta institución a no ejercer acción penal en su contra".
Por ese mismo dictamen, Murillo Karam dijo que "hace imposible" que Mamá Rosa se encuentre en condiciones de continuar con el albergue, "la incapacitan e imposibilitan para llevar el control tanto administrativo y de dirección relativo al control de personal, de trabajadores, alumnos o internos de la casa".
En tanto, el procurador destacó que tras valorar las actuaciones de los empleados, fue ordenada la libertad con reservas de la ley a María Rosa Oliveros Méndez, mientras que a Claudia Priscila Solórzano Rodríguez se le dejó en libertad absoluta, toda vez que fue reconocida por las víctimas como el único auxilio con el que podían contar.
"Era quien los protegía, cuidaba y según ella, declaraba no tenía el acceso al segundo patio y demás instalaciones fuera del primer patio y salones de clases".
Afirmó que los otros seis empleados detenidos fueron acusados por diversos delitos por parte de los infantes, por lo que fueron ingresados al Cefereso número 4 ubicado en Tepic, Nayarit.
De acuerdo a las declaraciones de las víctimas, enlistó la participación de los seis inculpados, quienes enfrentan los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, trata de personas con fines de mendicidad forzosa, trata de personas en la modalidad de explotación de la mendicidad ajena y trata de personas con fines de explotación laboral, además de delincuencia organizada.
Asimismo, el procurador General de la República informó que, a partir del cateo al albergue, al momento suman más de 150 denuncias. Señaló que de acuerdo a los peritajes médicos, psicológicos y especializados cinco casos se ha confirmado el abuso sexual y violación, por lo que está siendo integrada una averiguación por delitos de orden sexual.
"Sin embargo por las crecientes denuncias se registran más exámenes para poder determinar si existen casos adicionales con este tipo de abusos".
Además, el fiscal federal reconoció que al momento la dependencia federal no ha iniciado investigaciones financieras que expliquen el destino de las aportaciones hechas por instituciones privadas o gubernamentales al albergue "La Gran Familia".
"En este momento no. Tuvimos que conseguir en 48 horas 450 declaraciones, buscar indicios, arreglar la situación del lugar, afortunadamente hubo una enorme colaboración del DIF nacional, del DIF del estado… cuando alguien decía que fueron muchos para un operativo, resultaron pocos, tuvimos que meter muchísima más gente…".
Por otro lado, Murillo Karam afirmó que es investigado el actor que ayudaba a realizar en el orfanato "una especie de compra de menores bajo la fe de notario público, "en el que parecía una donación, en el que se entregaba al hijo y se obligaban a no reclamarlo hasta la mayoría de edad", sin embargo comentó que no podía revelar más detalles.
Señaló que en el caso de "La Gran Familia" "todos son culpables porque esto tiene muchos orígenes, tiene muchas cosas, en las que todos tenemos responsabilidad". Aseguró que serán sancionados los funcionarios que pudieran estar involucrados en el caso y cuestionó la acción de los padres que dejaban en el orfanato a sus hijos.
"Tendrán que investigarse en su totalidad todos, porque a veces también quienes dejaron niños ahí pudieron haber cometido delitos, pero le repito estamos a días de iniciada la averiguación".
Por lo que se refiere a los rumores de las fosas, el procurador aseguró que al momento no se ha encontrado ninguna situación que conlleve a confirmar esta posibilidad: "Le puedo asegurar que no las hay hasta este momento, hemos metido ya incluso a los perros que huelen, que detectan, hemos excavado en los lugares donde los rumores decían que podía haberlos".
PERFIL DE LOS INCULPADOS
Felipe Serrano Gómez. Encargado de administrar la casa-hogar y fungía como contador de la misma. Es acusado de golpes y abusos, "en algunos casos abusos verdaderamente graves".
Lourdes Verduzco Verduzco. Permaneció durante muchos años en la casa-hogar y se encargaba de obligar a los mismos internos a realizar labores de vigilancia y de control del resto de la población.
Ella tenía a su cargo las llaves de cada uno de los dormitorios en los que encerraban a todas las víctimas, incluso del cuarto de castigo denominado "El Pinocho", donde fueron encontrados dos menores tras las rejas, cerradas con candado y cadenas, el día del cateo.
David Rogelio Álvarez Murillo. Realizaba funciones de vigilancia para no permitir escapar a las víctimas, ya que cuando alguno de ellos lograba evadirse, de inmediato salía en su búsqueda y, en caso de que los encontrara –según declaración de los propios menores-, les propinaba golpizas y los volvía a encerrar en "El Pinocho".
José Enrique Hernández Valdovinos. Es señalado de abusar de las víctimas. De acuerdo con las acusaciones hay actos de pederastía con hombres y mujeres, a los cuales con amenazas obligaba a que le realizaran diversos actos sexuales; también desempeñaba labores de vigilancia y mantenimiento en la casa-hogar.
Vicente Carlos Félix Durán. Realizaba labores de vigilancia en el área del patio de primaria. Cuenta con señalamientos de agresión sexual y de golpear a los menores.
Miguel Ángel Ibarra Valenzuela. Es señalado como quien golpeaba y agredía sexualmente a las víctimas. Se encargaba de ingresar a las personas que se portaban mal a "El Pinocho", donde permanecían durante varios días encerrados, en ocasiones sin que les proporcionaran alimentos. "La ausencia de alimentos era un castigo común, y esto lo relatan todos".
El procurador insistió en que esta investigación seguirá hasta determinar todas las responsabilidades que se acrediten, "el principal interés de este caso es y seguirá siendo las víctimas, los niños".