CANCÚN.- Asociados Náuticos de Cancún (ANC), que agrupa unas 20 marinas con más de mil 500 embarcaciones, denunció el acoso e intimidación que emprendió en su contra la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).
La instancia los amenaza con demoler los muelles de quienes no estén al corriente con el pago por el uso, aprovechamiento y explotación de las instalaciones portuarias.
El presidente de ANC, Ricardo Muleiro López, señaló que las marinas pagan por este derecho unos 360 mil pesos al año, que representaría una erogación conjunta de más de siete millones de pesos, sin que reciban ninguna contraprestación a cambio, como podría ser un seguro colectivo de sus instalaciones por parte de la autoridad.
Enfatizó que cada empresa tiene que pagar un seguro de 100 mil pesos cada 12 meses para proteger sus muelles en caso de un huracán, cuando no son propietarios de las instalaciones, sino que solamente pueden explotarlas y aprovecharlas.
Indicó que esto se resolvería si la Apiqroo adquiriera un seguro colectivo, en lugar de que cada concesionario haga el procedimiento por su cuenta.
El directivo explicó que la Apiqroo está enviando notificaciones en las que solicita el cobro de las cuotas atrasadas, o demolerá los muelles, argumentando que se trata de un requerimiento extrajudicial, con base en el contrato de cesión parcial de los derechos y obligaciones para el uso, aprovechamiento y explotación de un bien de dominio público de la Federación.
Muleiro López calificó esta acción como absurda, porque "es como si por no pagar el predial, el ayuntamiento derribara nuestras casas".
Explicó que uno de los asociados recibió un correo electrónico del apoderado legal para Pleitos y Cobranzas de la Apiqroo, Rudy Armín Pérez Martínez, quien le informó que en caso de no realizar el pago pendiente en el plazo establecido, el cual venció mucho antes de que se recibiera el correo, se procederá por la vía oral mercantil a la demanda formal.
El mensaje agrega que se dará vista a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para iniciar con el proceso de revocación de registro, más la solicitud de demolición con cargo al propietario del inmueble, a lo que se sumarían las multas que impondría la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).